La burla de no mentir, no robar, no traicionar

Los problemas crecen y se reproducen. Amenazan no solo al régimen político, también al país. Quienes gobiernan y buena parte de la sociedad -incluso las élites- se han instalado en el no pasa nada. Sus referentes cuantitativos son las encuestas del acuerdo presidencial y el tipo de cambio, cifras engañosas, al menos para calibrar la política y economía. Son muchos los acontecimientos de impacto devastador del régimen que se trivializan a pesar de que se acumulan y van conformando una carga más que disruptiva, explosiva.

La situación de las finanzas es crítica; el sector energético no solo se ha vuelto freno a la inversión, sino que desestabiliza el precario equilibrio financiero. El gasto “etiquetado” o legalmente comprometido deja poco espacio a la inversión y recursos para una razonable gestión del gobierno. La escasez de medicamentos, el estado deplorable de las carreteras e infraestructura o los adeudos multimillonarios a los proveedores de Pemex son ejemplo. El gobierno busca incrementar ingresos castigando con mayores gravámenes a los mismos de siempre. La situación de equilibrio crítico no da para mucho tiempo, particularmente si se incrementan los montos para el servicio a la deuda y se persiste financiando las fracasadas obras del obradorismo. El modelo financiero del régimen ha colapsado y no se resuelve con ajustes. No mentir, no robar, no traicionar son burla y no tanto por el engaño, sino por la afectación del logro más preciado del país: su imperfecto régimen democrático.

La embestida judicial de las autoridades norteamericanas no se ha conjurado. Es más, no hay manera de resolverla. Ni siquiera está en manos del presidente Trump. Un proceso judicial de corte criminal una vez que inicia debe continuarse hasta llegar a la sentencia. No se pueden retirar cargos que han sido validados por un gran jurado, además, las pruebas se han robustecido con las que han aportado el general Gerardo Mérida y Enrique Díaz, responsables de seguridad y finanzas en el gobierno de Rocha Moya, respectivamente.

El frente judicial es independiente del de seguridad, migratorio, diplomático o el comercial. La solución en cualquiera de ellos no altera el curso de las investigaciones. La agenda bilateral está muy cargada y en casi todos los planos es adversa a México. En el jurisdiccional las cosas se complican por la impunidad y la resistencia a investigar a funcionarios bajo sospecha. La FGR como órgano independiente no existe; el Poder Judicial mucho menos, el que, además, en su nivel supremo tiene la calidad de circo donde se degradan involuntariamente quienes allí concurren.

Se entiende que quienes gobiernan prediquen el no mentir, no robar, no traicionar; incomprensible que les crean los demás, seguramente por el miedo al vacío implícito en la ausencia de autoridad. El deterioro de la vida pública es evidente y se manifiesta con la degradación de la palabra: la mentira y el engaño se han naturalizado en el discurso oficial. Las cuentas se vuelven cuentos, como los resultados desastrosos de la prueba PISA; igual en otros ámbitos. El deficiente escrutinio al poder y precario debate público deja a la sociedad en indefensión. Sólo como referencia, el reporte de la organización internacionalReporteros sin Fronteras, en el índice de libertad de prensa 2026 ubica a México en lugar 122 de 180 países. La organización World Justice Project, al evaluar legalidad en 2025, México ocupa el sitio 121 de 143 países. La presidenta presume que México es el país más democrático del mundo, pero el reporte 2025 de The Economist IntelligenceUnit señala que México ha transitado de una democracia defectuosa a una de régimen híbrido, antesala al autoritarismo.

En las condiciones de creciente deterioro y de las enormes dificultades del país, inicia la temporada electoral con el detrimento de los órganos electorales, producto de su pérdida de autonomía y estrechez presupuestal, en un entorno de inédita parcialidad e interferencia de las autoridades nacionales y de la presencia del dinero de origen ilegal. Sin olvidar la preocupante concurrencia de las organizaciones criminales que las elecciones de 2021 normalizaran con un “se portaron bien” presidencial.

El ignorar la adversa situación que se vive en la actualidad por la corrupción y la impunidad impide que se tomen las previsiones que pudieran mitigar el impacto negativo de los acontecimientos por venir. Además, un repentino tránsito a una situación crítica puede desencadenar procesos desestabilizadores en un país que ha destruido las instituciones que permiten conducir la crisis y contener el desencanto producto de la estabilidad perdida.