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ACAPULCO, Gro., 3 de diciembre de 2019.- “La destrucción de armas significa paz, que es lo que queremos en todo el territorio guerrerense y en la República y significa la posibilidad de que se cometan menos actos violentos”, expresó el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
De acuerdo con un boletín, el acompañar al comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, a la ceremonia de destrucción de 895 armas de fuego decomisadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un acto efectuado en la explanada del 50 Batallón de Infantería, al emitir un mensaje en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, el responsable de la política interna en la entidad, manifestó que la actual administración ha respaldado la decisión del gobierno federal para que a los grupos delincuenciales no se les trate como terroristas, ya que eso abriría la posibilidad de intervencionismo de parte de los Estados Unidos.
En este sentido, Florencio Salazar puntualizó: “Nosotros apoyamos esta actitud del gobierno de la República y la apoyamos, porque si ellos como nosotros queremos paz, este gobierno amigo, con quién tenemos un intercambio comercial muy importante, de lazos históricos para ambas naciones, este gobierno amigo puede contribuir mucho a la paz evitando el tráfico de armamento”.
Indicó que el gobierno de Estados Unidos responsabiliza a México de la droga que se consume aquel país, pero se les ha pedido que impidan el tráfico de armas, que se esfuerce porque no haya más armas que lleguen al territorio mexicano y que llegan a manos de grupos delincuenciales y agregó que “si esto lo hace el gobierno de los Estados Unidos va ayudar de manera muy significativa para que haya menos violencia en México y menos violencia en estados como el nuestro”.
Esta destrucción de armas, específico, refleja la responsabilidad de las instituciones federales y estatales que operan aquí en esta entidad, en particular de las fuerzas armadas como el Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General de la República, de la Policía Federal y estatal.
“Actúan de manera coordinada para instaurar la paz en Guerrero, para contener la violencia y para que los responsables de ellas sean sometidas a la ley, por eso esta ceremonia implica un gran simbolismo, el esfuerzo de las instituciones, la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la acción decidida en favor del Estado de Derecho, la contención de la delincuencia organizada y la destrucción de todo aquello que resulte ofensivo para la integridad de la persona humana”, precisó Salazar Adame.
El funcionario estatal se pronunció a favor de que el Ejército mexicano siga siendo la fuerte institución que sostenga a la Constitución, a las instituciones y que sea garantía para la paz de los mexicanos y de los guerrerenses.
A nombre del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, en un escrito,
agradecieron al gobernador Héctor Astudillo Flores por su apoyo para la realización del desfile del 20 de noviembre por el 109 aniversario de la revolución mexicana.
El comandante del 50 Batallón de Infantería, Alfredo Montiel Godínez, dijo que la destrucción de este armamento integrado por 358 armas cortas y 537 armas largas, se dio gracias a la coordinación oportuna y eficaz de las instituciones encargadas de la seguridad pública, la que debe prevalecer en el país para alcanzar los niveles de paz.
Consideró que con este decomiso de armas, así como las campañas de donación subsidiadas por el gobierno del estado y los municipios se lograrán disminuir los actos de violencia en el estado de Guerrero y caminar hacia la paz. “Es para vivir en armonía, en un ambiente alejado de la violencia, y en el que prevalezca la paz, la tranquilidad y el respeto a la vida”, señaló Montiel Godínez.
En este evento también estuvieron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alberto Catalán Bastida, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, el comandante de la 35 Zona Militar, José Ernesto Ávalos Pardo, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, el delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández.