Médula/Jesús Lépez Ochoa

Buenas y malas de la ASF en Guerrero

Tanto Evelyn Salgado Pineda como su antecesor Héctor Astudillo Flores pueden estar bastante tranquilos con los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 que arrojó cero observaciones en el 99.96 por ciento de los recursos federales aplicados ese año.

En dicho ejercicio fiscal el priísta gobernó de enero al último día de septiembre, y del 1 de octubre al último día de diciembre transcurrieron los primeros meses de la administración de la actual gobernadora emanada de Morena.

Y es que los montos observados no representan ni medio punto porcentual de la muestra auditada que fue del 92 por ciento –casi la totalidad—del gasto federalizado ejercido en Guerrero.

Hablamos de que el gran total de los recursos económicos revisados al gobierno del estado fueron 56 mil millones de pesos, y el monto observado son 266 millones que representan apenas un 0.04 por ciento, cifra que aún está en proceso de aclaración, según el contralor estatal Eduardo Loria Casanova dijo en una entrevista en la capital del estado.

Sin duda es una buena noticia para Guerrero que siempre había ocupado los últimos lugares en transparencia y rendición de cuentas entre los estados del país, pero también para Héctor Astudillo que ve cerca la liberación de su cuenta pública.

Se debe precisar que a finales de año es cuando se ejerce gran parte del dinero, por lo que además este buen resultado confirma la transparencia con la que Evelyn Salgado inició su mandato, misma que se consolidará en las revisiones al año 2022 que corresponderán completamente a su administración.

En la misma situación se encuentran Abelina López Rodríguez y su antecesora Adela Román Ocampo. Acapulco fue el único municipio el estado que no arrojó ningún monto por aclarar, y le revisaron el cien por ciento de los 750.8 millones de pesos de las participaciones que recibe para pago de nómina.

Pero el Tercer Informe de la Cuenta Pública 2021 entregado ayer por el titular de la ASF David Rogelio Colmenares no tiene solo cosas buenas que compartir entre alcaldes y exalcaldes para los municipios de Guerrero.

En Chilpancingo, por ejemplo, hay tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un monto por aclarar de más de la mitad de los 11 millones de pesos auditados entre la administración de la actual alcaldesa de Morena Norma Otilia Hernández Martínez y el tramo que corresponde a su antecesor del PRD Antonio Gaspar Beltrán en el periodo revisado para el tercer cuatrimestre de 2021.

En Coyuca de Benítez se tiene que aclarar el 71 por ciento de un pequeño monto de 3.7 millones de pesos entre el ex alcalde Alberto de los Santos Díaz (quien fue presidente municipal por Morena y luego buscó reelegirse por el PRD), y el morenista Ossiel Pacheco Salas. Existen también promociones de sanciones en este municipio.

En municipios como el de Iguala no existe duda. Ahí la ASF determinó 4.9 millones de pesos por aclarar, correspondientes a la falta de evidencia documental suficiente de los servicios prestados, establecidos en 14 contratos adjudicados al mismo proveedor por arrendamiento de maquinaria y/o equipo y de 10 contratos adjudicados al mismo proveedor por la prestación de servicios para

realizar el trabajo de proceso de validación de impuesto sobre la renta participable y timbrado de la nómina de los meses de noviembre 2020 a agosto 2021”, en el periodo del expre2sidente Antonio Jaimes.

Tampoco la hay en Zihuatanejo donde Jorge Allec repite en la alcaldía en la cual hay 7.6 millones de pesos por aclarar, de los cuales 5.1 son por la falta de evidencia documental suficiente, correspondiente a los contratos MZA-GC-2021-1, MZA-GC-2021-14068 y MZA-GC-2021-14068-1; y por 2.5 millones por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto correspondientes a 6 contratos, correspondiente arrendamientos de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, asignados a 4 proveedores.

También hay municipios que deben aclarar el cien por ciento de los recursos que les auditaron, como es el caso de Ajuchitlán del Progreso que gobierna el priísta Víctor Hugo Vega Hernández por segundo periodo consecutivo; o el de Taxco que preside Mario Figueroa Mundo y que debe aclarar la totalidad de los 11 millones de pesos que le auditaron.

Así los altibajos de la transparencia en Guerrero.