Médula/Jesús Lépez

Penales, cabo suelto en la estrategia de seguridad

Lo sucedido en el penal de Acapulco exhibió una vez más los cabos sueltos en la estrategia de seguridad que se sigue en el país: el sistema penitenciario.

En su estudio ¿Quién controla las prisiones?, contenido en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 publicado por el Senado de la República, las investigadoras Elena Azaola y Maïsa Hubert identifican los cinco principales problemas en las prisiones mexicanas:

Sobrepoblación y uso excesivo de la prisión preventiva; condiciones de vida indigna; falta de profesionalización del personal y malas condiciones de trabajo; indiferencia social y de autoridades hacia la problemática que enfrentan las prisiones; y que el 65 por ciento de las prisiones estatales están en poder de grupos delictivos.

La Comisión Nacional de Seguridad da cuenta en los informes de su Secretariado Ejecutivo que de los 379 centros penitenciarios del país existe sobrepoblación en 157. A julio de 2016 había unos 24 mil presos de más en las cárceles.

En el caso de los 15 penales de Guerrero, para ese mes había mil 992 personas en espera de ser sentenciadas por delitos del fuero común y 375 del fuero federal. De un total de 5 mil 107 personas privadas de su libertad.

En específico, el Centro de Readaptación Social de Acapulco, donde murieron 28 internos y tres más resultaron heridos en una riña, según el último diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la capacidad es para mil 543 reclusos y en realidad hay 2 mil 319.

Obviamente personas hacinadas tienen menores condiciones de vida y el personal suma a su falta de preparación una carga extra de trabajo.

Sobre el control de los grupos criminales, ya el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que lo ocurrido en Las Cruces fue una riña entre integrantes de éstos, como sucedió en Nuevo León, Tamaulipas o Durango.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, tiene registro de que en 2015 hubo mil 382 riñas en los penales del país, la mayor parte en los estatales.

En 2012 en diferentes hechos ocurridos en Altamira, Tamaulipas; Apodaca Nuevo León; y Gómez Palacio, Durango, murieron 99 internos y el año pasado en la cárcel de Topo Chico, en Nuevo León, otros 60; la semana pasada en Acapulco, fueron 28.

Estas cifras nos llevan al tema de la indiferencia social y sobre todo de las autoridades, y es ahí donde es notorio que el sistema penitenciario no ha sido tomado en cuenta como parte de una estrategia de seguridad basada en la persecución y encarcelamiento, que no se ha planteado qué hacer con la manutención y readaptación social de los reos, tampoco las condiciones de gobernabilidad en los penales.

Éstas se derivan de la sobrepoblación y de mantener a reos de alta peligrosidad en los mismos centros penitenciarios de aquellos que no lo son.

Los 17 penales federales tampoco tienen la capacidad de albergar a todos los reos de ese fuero que están en las cárceles estatales, en las que de entrada, hay una enorme desigualdad presupuestal.

El CESOP da cuenta de que en 2014 el sistema penal de Ciudad de México ejerció más de 2 mil 600 millones de pesos; el de Jalisco mil 230, el de Baja California 663 y el de Guerrero 45 millones de pesos.

No es lo mismo cuidar a mil, que a 2 mil personas.

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