Lo condenan por privación de libertad de exdiputado en Chilpancingo
CHILPANCINGO, Gro., 19 de agosto de 2014. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó vía comunicado sobre las gestiones realizadas ante las instancias correspondientes para mejorar las condiciones generales de los elementos de la Policía Investigadora Ministerial.
Como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno del Estado, a través del Titular de la Procuraduría General de Justicia, se requirió al Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Administración, la recategorización de los Policías Ministeriales Acreditables, a fin de homologar salarios acorde a la media nacional, a lo establecido en el marco del “modelo policial” impulsado por el Gobierno de la República y contar con agentes especializados para responder a los retos que implica la implementación del Sistema de Justicia Penal.
Derivado de lo expuesto, el Ejecutivo Estatal, en base a los resultados obtenidos durante el primer semestre del año, autorizó que la Secretaría de Finanzas y Administración, un aumento del 20% sobre el total de percepciones para los agentes de la Policía Ministerial Acreditable y de un 12% para el resto del personal operativo.
Hasta el cierre del ejercicio fiscal 2010, el Gobierno Federal proporcionó al Estado de Guerrero un apoyo extraordinario para el personal policial de la Procuraduría General de Justicia, a través de un concepto aplicado al rubro “080” de percepciones en su recibo nominal, no obstante, a partir de 2011, dicho concepto es sufragado por la actual administración estatal, a fin de incentivar a los servidores públicos de mérito en el desarrollo de sus funciones.
En razón de lo anterior, en recientes fechas, la PGJE realizó las gestiones conducentes con el propósito de conservar dicha percepción extraordinaria ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, quien es la instancia a la que por ley corresponde en régimen de exclusividad formular y aplicar el presupuesto de egresos del sector central, y atender las peticiones del personal de las distintas dependencias que conforman la administración pública estatal en materia de pagos y salarios, las cuales surtirán efecto a partir de la segunda quincena del mes de agosto.