México, sin capacidad legal en pro de trabajadoras del hogar: experta

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo de 2019.- Las trabajadoras del hogar constituyen uno de los sectores que sufren mayor discriminación racial y social, lo que se ve reflejado en los bajos salarios y la falta de protección. Es un gremio que labora de forma aislada y sus condiciones son más precarias, expuso Mercedes Pedrero Nieto, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.

En México hay incapacidad legal para protegerlas; además, “la situación se ha empantanado porque se piensa en una relación obrero-patronal común y corriente, como si el hogar fuera una gran empresa, y eso no es viable para una familia”, destacó la también consultora de Naciones Unidas.

A esto se suman los bajos salarios, pues no existe una estandarización sobre cuánto debería pagarse. En Europa, ejemplificó, su remuneración es de nueve euros (más de 190 pesos) por hora; en Estados Unidos, de 9.28 dólares (más de 175 pesos) por hora, y en nuestro país el pago es por jornada laboral (de 6 a 12 horas, dependiendo del patrón).

En México, el 70 por ciento de las trabajadoras del hogar gana menos de dos salarios mínimos, y el 30 por ciento menos de uno; ocho de cada 10 no están afiliadas al seguro social; ocho de cada 10 no tienen pensión de retiro; siete de cada 10 son de ascendencia indígena; siete de cada 10 no tienen ninguna prestación formal y nueve de cada 10 no tiene un contrato escrito, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar.

“Quienes protegen a sus trabajadores domésticos suelen hacerlo de forma particular, pues el Seguro Social, además de los trámites, es muy costoso para el empleador. Para el tipo de salario que se otorga no se puede cumplir fácilmente con las cuotas”, afirmó Pedrero Nieto.

De ahí la necesidad de hacer estudios para definir un mínimo estándar que dignifique esta labor, que tome en cuenta la situación económica, la carga de trabajo y la tasa de vida de la población, entre otros factores. Se debe considerar la diversidad de formas de contratación, pero sí se puede dar protección social, como se hace en países como Costa Rica, dijo.

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