Entregan cobertores a familias en La Sierra y La Montaña de Guerrero
ACAPULCO, Gro., 20 de enero de 2021.- Los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto a 30 personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios.
Así lo declaró a la Fiscalía General de la República (FGR), un testigo protegido identificado como ‘Juan’, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo delictivo responsable de la desaparición de los jóvenes.
De acuerdo con la declaración a la que tuvo acceso Reforma, un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería de Iguala y luego entregado a los narcos para su desaparición, algunos de ellos fueron entregados muertos.
Estas revelaciones han llevado al actual gobierno federal a la detención del militar José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con el caso.
El testigo apuntó a que José Martínez Crespo era operador de la detención de los jóvenes e incluso intentó apresar a otros heridos que estaban en un hospital.
“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, declaró el testigo el 10 de febrero de 2020.
Señaló que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo Marquina, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero. Los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes que protestaban en Iguala.
Fueron tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por Guerreros Unidos, otro se lo llevó la Policía Estatal y a otro el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El fin era interrogarlos para saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario.
Los detenidos en el 27 Batallón fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como Los Tilos, quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.
En un domicilio de Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados a machetazos y hachazos. Después, los trasladaron a Servicios Funerarios El Ángel, la cual era usada por autoridades como Servicio Médico Forense.
Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.
Guerreros Unidos tenía control del crematorio, ya que habitualmente ahí desaparecía a sus enemigos. Las autoridades locales protegían esta acción.
“Se los llevaron en bolsas como las que transportan valores, muy gruesas, de plástico transparente; se transportaron en camionetas. Se hicieron varios viajes que les llevó más o menos dos a tres horas de ir y venir. No sé cuántas camionetas intervinieron pero entre ellas había una camioneta Tacoma blanca que era doble cabina, con su batea descubierta. Para llevar los restos al crematorio se decidió destazar para que hubiera más capacidad y meterlos al horno crematorio”, dice el testimonio.
El jefe de plaza de Guerreros Unidos, conocido como ‘El Minicoper’, fue quien hizo práctica común el uso del crematorio. Una persona que el testigo describió como bajo de estatura, tez clara, de entre 35 y 40 años de edad, era el responsable del uso de los hornos.
“Lo ubico porque a ese tipo una vez ‘El Minicoper’ le hizo entrega de una camioneta Honda Element gris, se veía como modelo reciente, esto en pago por sus servicios que es permitir que el grupo Guerreros Unidos usara el crematorio para incinerar gente que había sido asesinada”, dijo.
De acuerdo con la versión de Juan, policías estatales confabulados con los narcos sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones.
Una parte de las cenizas que no fueron dispersadas en las afueras de Iguala, fueron entregadas por los narcos a un policía ministerial de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca, el 3 o 4 de octubre de 2014, para que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones.
El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos, e inclusive a sembrar casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula.
Esta operación confabulada entre narcos y autoridades estatales, tenía el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva, y no a los capos, de la desaparición de los normalistas.
Derivado de ello, la Procuraduría General de la República (PGR) manejó la teoría de la verdad histórica, y detuvo a algunos sicarios del entonces presidente municipal del PRD, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda y de policías municipales.
Asimismo el testigo protegido confirma lo contenido en los mensajes de Blackberry que intercambiaron jefes de Guerreros Unidos que operan en Chicago con sus socios locales.
Dichos mensajes fueron interceptados por la DEA como parte de sus indagatorias sobre tráfico de heroína de México a Estados Unidos. En ese intercambio, los jefes de Chicago daban instrucciones de qué hacer con los detenidos y muertos el 26 de septiembre de 2014.