![](https://guerrero.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2025/02/carambola1-2-107x70.jpg)
Carambola de 3 autos deja 2 lesionados en carretera Iguala-Chilpancingo
CHILPANCINGO, Gro., 9 mayo de 2017.- Al cumplirse dos años de que un grupo armado irrumpiera en Chilapa y se llevara a 16 personas, familiares de los desaparecidos reclamaron que el gobierno estatal y federal no han dado resultados en la búsqueda, y que el municipio se ha convertido en uno de los “más inseguros y violentos del país”.
En conferencia en Chilpancingo, integrantes del colectivo Siempre Vivos denunciaron que a dos años de los hechos ninguna de las 16 denuncias interpuestas a ante la Procuraduría General de la República (PGR) ha avanzado, así como ninguna de las otras 15 presentadas después de mayo del 2015.
El vocero del colectivo, José Díaz Navarro afirmó que Chilapa se ha convertido en uno de los municipios más inseguros de Guerrero y del país, ya que en lo que va del 2017 se han registrado más de 120 hechos violentos, entre asesinatos, desaparecidos, balaceras, presencia de hombres armados y cobro de piso a comerciantes.
Asimismo, se quejó de que la Policía Federal y el Ejército les han negado el acompañamiento en la búsqueda de sus familiares.
La señora María del Carmen Abarca Nava, madre de Héctor Jaimes, y Matilde Abarca Pascasio, madre de Sergio Derramona Abarca, lamentaron que a dos años de la desaparición de sus hijos y otras personas, ni la PGR ni el gobierno les han informado de su paradero o si siquiera siguen con vida.
A la conferencia también acudió el representante del Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quién señaló que la mayoría de los familiares de las víctimas son de origen nahua y que varios de ellos han dejado de recibir atención de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La tarde del sábado 9 de mayo del 2015, un grupo de 200 hombres armados que se presentaron como policías comunitarios ingresaron a la cabecera municipal de Chilapa, y pese a la presencia del Ejército y la Gendarmería, tomaron el control de la seguridad hasta el jueves 14 de mayo.
Durante esos días, detuvieron y se llevaron a unas 16 personas, entre transportistas, albañiles, campesinos, repartidores de pizzas y empleados de tiendas departamentales.