ACAPULCO, Gro.,16 de junio de 2019.- El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila informó que son cuatro civiles armados los fallecidos en el enfrentamiento de este sábado en el poblado Jilgueros en la Sierra del municipio Heliodoro Castillo.

Dijo en conferencia de prensa, que el enfrentamiento ocurrió luego de una llamada de auxilio a la cual acudió el Ejército que fue atacado y donde fueron decomisados durante las diligencias, 800 cartuchos útiles y percutidos, así como dos camionetas, una Hilux y otra marca Nissan.

Reveló que los tres policías municipales asesinados frente al Ayuntamiento en Taxco el miércoles pasado, estaban relacionados con delincuentes, por lo que tienen órdenes de aprehensión contra “varias personas” relacionadas al caso.

En otro tema, indicó que se realizan las investigaciones por el hallazgo este sábado, de tres hombres asesinados dentro de un automóvil marca BMW, color azul, al poniente de este puerto.

Comentó que las dos mujeres asesinadas en el municipio de Zihuatanejo durante la medianoche del sábado, este domingo fueron reconocidas y se terminan de hacer los dictámenes correspondientes, aunado a la investigación de los casquillos percutidos que se recogieron cerca del bar La Ingobernable.

Sobre los asesinatos de familias en Los Lirios, Paseo de la Cañada e Infonavit Alta Progreso en Acapulco, donde fue asesinada una menor, dijo que en los próximos días darán a conocer algunos detalles del caso.

De los Santos Barrila, confirmó que el caso del Infonavit Alta Progreso, se trató de un multihomicidio y suicidio por parte del padre de familia, quién mató a su hija de ocho años de edad.

“Es un hecho lamentable, podría adelantar que se trata de una persona del sexo masculino quien mató a su propia familia, se suicidó y vamos a dar los detalles periciales correspondientes”, dijo.

Entorno al asesinato de universitarios en diferentes partes del estado, el fiscal comentó que tiene comunicación con el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán y las familias de las víctimas, son quienes piden a las autoridades discreción en el manejo de datos que se difunden en medios de comunicación.