Ordena juez al Gobierno búsqueda inmediata con vida de 7 secuestrados

CHILPANCINGO, Gro., 6 de octubre de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno encabezar una búsqueda inmediata y bajo presunción de vida de los siete campesinos de la comunidad de El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, quienes fueron privados de su libertad en la Sierra de Guerrero.

El Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Iguala, concedió el lunes 5 de octubre el amparo indirecto 412/2016, promovido por el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, ante la desaparición de los campesinos.

De acuerdo con el documento judicial de 58 páginas, ocho habitantes de El Balcón fueron privados de su libertad el jueves 24 de septiembre, entre ellos dos menores de edad.

Uno de ellos, Jordi N de 12 años ya fue liberado el jueves pasado y de acuerdo con los habitantes fue enviado como mensajero por los captores, quienes condicionaron la entrega de las otras siete personas sólo si se le permite al grupo criminal La Familia Michoacana asumir el control del territorio en la Sierra.

El juez César Chávez Souverbielle, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, ordenó a las autoridades continuar con la búsqueda hasta determinar con certeza el paradero de los siete campesinos.

El amparo establece ocho puntos con acciones específicas que deberán cumplir autoridades municipales, estatales y federales, así como mandos militares y organismos encargados de la búsqueda de personas.

Entre las principales medidas se encuentran el llevar a cabo búsquedas en campo bajo la presunción de vida, con punto de partida en las comunidades La Lajita y El Balcón y ampliar las zonas conforme surjan nuevos indicios.

También se ordenó revisar instalaciones policiales y militares, centros de detención, hospitales y cualquier otro sitio donde pudieran encontrarse las personas desaparecidas.

El juzgado instruyó además la aplicación del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes en el caso de los menores.

Las autoridades deberán requerir determinados informes de seguridad, movimientos bancarios y registros del Servicio Médico Forense (Semefo) en un plazo de tres días, como parte de las acciones para establecer el paradero de las víctimas.

El ordenamiento judicial advierte que las autoridades responsables podrían recibir multas y enfrentar posibles consecuencias penales en caso de incumplimiento.

El amparo también señala diversas omisiones en las que habrían incurrido las autoridades durante la atención del caso y establece las acciones que deberán efectuar para garantizar una búsqueda efectiva de las siete personas desaparecidas.