Otro país/Tomás Tenorio Galindo

El memorándum de López Obrador

La emita quien la emita, es imposible que sea constitucional, y por lo tanto con sustento y validez jurídica, una declaración que pide anular preceptos constitucionales. Pero para el presidente del Senado, Martí Batres, eso sí es posible. “Cada poder del Estado decide usar los medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori –sostuvo el viernes pasado en un comentario vía Twitter-. Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica”.

A esa clase de argumentaciones necias y capciosas, que arrollan el sentido común y convierten la Constitución en un trapo de fregadero, se verán obligados a recurrir los operadores políticos y los legisladores de Morena para justificar el memorándum firmado por el presidente López Obrador, cuyo objetivo es dejar sin efectos la reforma educativa de un trancazo ejecutivo, sin recurrir al procedimiento legislativo para desmontar la urdimbre constitucional y legal que le dio vida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. O lo que es lo mismo, mediante un manotazo visto el empantanamiento que el tema sufre en el Congreso.

Un ejemplo nítido de ello es lo que dijo Batres después de escribir lo anterior: “una declaración, una frase, no anula un acto jurídico. En otras palabras, quien diga que el memorándum es inconstitucional, que acuda ante las instancias correspondientes a hacer valer su dicho”. (La Jornada, 20 de abril de 2019).

Lo que Batres quiere decir y defiende es que un memorándum, una circular, una simple orden de carácter administrativo impartida por el Presidente de la República a sus colaboradores tiene la capacidad no sólo de antagonizar con la Constitución, sino de situarse por encima de ella y anular las disposiciones que ésta contenga en relación con el asunto y materia del oficio. ¿Qué no era al revés, que como ley suprema la Constitución rige la vida institucional del país y que los funcionarios, al jurar cumplirla, someten sus acciones a los ordenamientos constitucionales?

La famosa circular de López Obrador pide a los secretarios de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda dejar sin efectos la reforma educativa, lo que equivale a una orden de violar la Constitución. Según explicó el Presidente el miércoles pasado, el memorándum obedece al principio de justicia, y la justicia está por encima de la ley. “La ley es para los hombres y las mujeres, y no los hombres y las mujeres para la ley, la justicia está por encima de todo. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”, dijo en su conferencia de prensa. Por ese instante, olvidó lo que suele decir, que nada ni nadie está por encima de la ley.

Esa argumentación fue empleada por López Obrador un día después de que el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, expuso en redes sociales la insolvencia jurídica del memorándum, su falta de fundamentación y por consecuencia lo fácilmente impugnable que resulta. No fue el único que resaltó la insensatez del documento. Otro especialista en derecho constitucional, Miguel Carbonell, calificó la circular como “un golpe directo a la Constitución”, y advirtió: “no es el presidente contra la reforma educativa, es el presidente contra la Constitución”. Otro profesor de derecho constitucional, Francisco Burgoa recordó igualmente por redes sociales que el artículo 89-I de la Constitución establece que entre las facultades y obligaciones del presidente está la de “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Por esa razón, concluye, “no hay memorándum que valga”. (Notimex, 16 de abril de 2019).

La CNDH también terció en el tema poniendo el acento en el derecho de la infancia a recibir educación. En un pronunciamiento emitido el jueves, advirtió que la orden presidencial en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y ejecutar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente. Por ello, solicitó de plano a López Obrador retractarse y cancelar el memorándum.

A todos esos cuestionamientos, el presidente les aplicó un juicio sumario según su conocido estilo, y el sábado les respondió en Twitter: “No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados”, escribió. Sostuvo también, en referencia a tales hipócritas, que cuando se saqueaba al país y se pisoteaban los derechos humanos, muchos “callaron como momias”, sin embargo, ahora “gritan como pregoneros” que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción.

La descalificación y la desnaturalización de la crítica como método para contestar a los cuestionamientos es la práctica favorita del presidente. No sofoca de esa manera ni destruye los argumentos que se oponen a sus decisiones, como en este caso. A falta de razonamientos sensatos, seguramente veremos la mañana de este lunes una nueva andanada de ataques y argumentaciones necias y tendenciosas. Es posible que, al final, la Corte dirima el asunto, y no podría hacerlo sino en defensa de la Constitución.