Otro país/Tomás Tenorio Galindo

Pacto Peña Nieto-López Obrador

El antecedente y al mismo tiempo el factor más influyente en la actual elección presidencial es la ruptura que se produjo hace un año entre el presidente Enrique Peña Nieto y el entonces presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya.

Esa ruptura ocurrió en el contexto de los comicios en el estado de México y Coahuila, y todo lo que ha sucedido desde esa fecha ha estado condicionado o es consecuencia de ese acontecimiento. Aparentemente, Peña Nieto y Anaya –o el PRI y el PAN– habrían pactado que la gubernatura del estado de México sería para el PRI, y la de Coahuila para el PAN. Indicios de ese presunto pacto pueden verse en el hecho de que la alianza entre el PRD y el PAN, puesta en marcha exitosamente en Quintana Roo y Veracruz, extrañamente no se puso en práctica en el estado de México, donde habría tenido sentido estratégico y habría provocado la derrota tanto del PRI como de Morena. El propósito de esa maniobra habría sido evitar un descalabro al PRI en la mismísima entidad del presidente Peña Nieto, objetivo que se cumplió. Sin embargo, por las buenas o por las malas el PRI se quedó con la gubernatura de Coahuila, pese a los reclamos del PAN y las numerosas evidencias de irregularidades, y a juzgar por el caprichoso comportamiento del Tribunal Electoral en la calificación de la elección fue por las malas.

Aparentemente alguien incumplió el pacto, si lo hubo, y todo sugiere que sí lo hubo. Como se recordará, a partir de esos episodios el presidente nacional del PAN se transformó en el opositor más aguerrido de Peña Nieto, impulsó la creación del frente con el PRD y Movimiento Ciudadano y frustró en el Congreso la conversión de la PGR en Fiscalía General y la designación automática en ese cargo del entonces procurador Raúl Cervantes.

Quién sabe en qué momento se produjo la traición y quién sabe quién traicionó a quién, pero si lo del estado de México y Coahuila no hubiera pasado, tampoco habría pasado lo del Congreso y el bloqueo del PAN a la Fiscalía, tema que por lo visto ocupa un espacio de la mayor importancia en las preocupaciones de Peña Nieto sobre su futuro. El hecho es que en el curso de todo ello la ruptura Peña Nieto-Anaya se profundizó hasta alcanzar el grado de animadversión que el gobierno federal ha mostrado tener hacia el ahora candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Animadversión tan fuerte que ha determinado por mucho la suerte de la candidatura del ex dirigente panista, la del candidato del PRI, José Antonio Meade, y sobre todo la de Andrés Manuel López Obrador, el único beneficiario de la ruptura PAN-PRI y Anaya-Peña Nieto. Algo realmente impensable después de la alianza que mantuvo juntos al PRI y al PAN en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 contra López Obrador.

A todo eso se refirió López Obrador el sábado cuando dijo que entre Peña Nieto y Anaya hubo una traición, aunque le adjudicó la traición al candidato del PAN. “Quién sabe qué le hizo Anaya a Peña, porque de repente hay ruptura y ahora Anaya está diciendo que va a meterlo a la cárcel”, dijo.

Lo anterior explica lo que sucede ahora. Anaya no pudo alcanzar en las encuestas a López Obrador, y la persecución de la PGR contra el panista, puesta en práctica con el evidente propósito de hacer que Meade rebasara a Anaya, terminó en realidad fortaleciendo a López Obrador hasta llevarlo hasta el punto irreversible en que se encuentra hoy. Peña Nieto se opuso a la declinación de Meade en favor de Anaya, solicitada por la cúpula empresarial, o a volcar la estructura y los votos priistas hacia el Frente, y la ex candidata independiente Margarita Zavala también se negó a apoyar al candidato de su ex partido. Peña Nieto y el PRI ya no aspiran a derrotar a López Obrador, sino sólo a rebasar a Anaya para lograr que el PRI quede en segundo lugar, lo que explicaría la reactivación de la andanada contra el candidato del Frente. Y lo más importante: todo indica que se fragua, o ya está activo, un pacto político entre López Obrador y Peña Nieto.

No es necesario buscar un papel en el que conste que Peña Nieto y López Obrador hicieron un pacto. Las pruebas están en el registro público de las campañas y en las expresiones de uno y otro. López Obrador ha suavizado notoriamente su discurso y se ha convertido en defensor de Peña Nieto, mientras Peña Nieto dejó de atacar a López Obrador y ha insistido en que no intervendrá en las elecciones y que la voluntad popular expresada en las urnas será respetada por su gobierno.

Impulsado quizás por el interés de conjurar un fraude electoral como el que probablemente ocurrió en el 2006, López Obrador colocó los cimientos de este pacto al principio de su campaña, cuando ofreció perdón a la “mafia del poder”, es decir, a Peña Nieto, el PRI y todos los suyos, y al definir los alcances de su política contra la corrupción: borrón al pasado y cuenta nueva. Es inevitable pensar en la merma considerable que como consecuencia de este pacto sufrirán los planes anticorrupción y las promesas de justicia propuestos por López Obrador, lo cual se podrá constatar pronto una vez que asuma la Presidencia y deba tomar decisiones sobre casos emblemáticos del sexenio de Peña Nieto, como el de Odebrecht. El interés de Peña Nieto radica en su tranquilidad y la garantía de que no será tocado por el nuevo gobierno.

No es fácil de explicar que el candidato que aventaja con más de 20 puntos en las encuestas aliente y dé cabida a un acuerdo de esa naturaleza, que compromete el programa de gobierno que lo catapultó, pero como ya se mencionó, aun en esas condiciones López Obrador parece temer un fraude. En respuesta a Anaya, quien lo acusó de haber hecho ya un pacto de impunidad con Peña Nieto, el candidato de Morena dijo el viernes que él no hace pactos en lo oscurito. Los hechos públicos lo contradicen, pero si tiene razón y no hay tal pacto, podrá demostrarlo en el ejercicio del poder.

La UAG de Javier Saldaña: silenciada

Hace unos días el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, recordó que están prohibidas las campañas electorales dentro de la institución. Pero una cosa es que los candidatos no hagan campaña en escuelas y recintos universitarios, y otra que la universidad no tenga ninguna participación en el debate a propósito de los proyectos políticos que participan en la contienda. Así, el cerco que el rector impuso en la universidad la condena al silencio y al aislamiento. Como consecuencia de ello, la UAG no tiene voz ni presencia en el debate público, y los académicos y los investigadores no opinan, cuando son ellos quienes debieran encabezar y animar en el estado la discusión de las ideas y propuestas del proceso electoral que terminará el 1 de julio. En un contraste que debe ser subrayado, mientras Saldaña Almazán promueve entre la comunidad universitaria la inmovilidad y el quietismo intelectual, diversas evidencias públicas muestran que impulsó la creación de un partido estatal, el Partido Coincidencia Guerrerense, con registro oficial desde julio del año pasado, con objeto de resguardar y pavimentar su futuro político personal. Es su partido, pues.

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