Presos políticos: dos casos en Guerrero

La semana pasada el secretario general de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, consideró necesario publicar un desplegado en la prensa estatal y en medios de la Ciudad de México para aclarar que en ese estado no hay presos políticos.

Esa reacción tuvo el propósito de desmentir una nota publicada el miércoles por el diario La Jornada, en la que una agrupación denominada Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero –que en realidad son el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC)— demanda la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean liberados 17 de sus integrantes en el supuesto de que están presos por motivos políticos.

El desplegado de la Secretaría General de Gobierno tiene por título “En Guerrero no hay presos políticos”, y refuta el señalamiento de que los 17 presos del Cecop y de la CRAC-PC están en prisión por su actividad en defensa de sus tierras ante la amenaza de La Parota, una presa que varios gobiernos intentaron construir en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, y que hoy está prácticamente cancelada.

Con ese documento público, el gobierno de Guerrero parece haber tenido el objetivo de fijar su posición frente a la posibilidad de que el gobierno federal acceda y presione por la liberación de los 17 policías comunitarios y miembros del Cecop, cuyo caso se desarrolla en el fuero común y que se sustenta en la obvia gravedad de los cargos de homicidio por los que fueron detenidos el 7 de enero de 2018.

Debemos decir que el gobierno de Guerrero tiene razón, en general y sin duda en este caso específico. Es verdad que no hay presos políticos en Guerrero, al menos no en el sentido de que el actual gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores haya dispuesto arbitrariamente la aprehensión de activistas. Pero hay casos que le fueron heredados por administraciones anteriores que sí tuvieron motivaciones políticas. En sentido contrario a lo que pudiera creerse, el gobierno del estado ha intervenido para aliviar esa carga que recibió de su antecesor. Por ejemplo, la hoy senadora Nestora Salgado fue liberada en el 2016 por gestiones realizadas por Astudillo Flores.

La agrupación que en estos días pugna por la liberación de presos políticos surgió después de que el ahora presidente López Obrador anunció en octubre la aplicación de una amnistía a quienes hubieran sido encarcelados por motivos políticos, para lo cual se integró una lista de más de 300 presos. En realidad no se trata de una amnistía sino de un indulto, y con ese programa hasta ahora han sido liberados una decena de detenidos que se encontraban en esa condición, varios de ellos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. En esa lista están también los 17 mencionados del Cecop y la CRAC y otros más de Guerrero, sin que se sepa quiénes son.

Pero no hay ninguna duda de que los 17 integrantes del Cecop y la CRAC-PC no son presos políticos, pues están en prisión no por defender sus tierras, sino por un hecho de violencia concreto que dejó ocho muertos, seis de los cuales cayeron abatidos por balas disparadas por ellos y dos por balas contrarias. Sólo para recordar el cuadro completo de tales acontecimientos, debe recordarse que en un segundo capítulo de los mismos hechos ocurridos aquel 7 de enero en la comunidad de La Concepción, en la zona rural del municipio de Acapulco, hubo otras tres víctimas del lado del Cecop, abatidas por la policía en circunstancias que nadie ha explicado con suficiencia.

La CRAC, la instancia que ampara legalmente a la primera Policía Comunitaria creada hace más de veinte años en Guerrero, y el Centro Tlachinollan, que asumió la defensa de los presos, han pretendido desde el principio dar la impresión de que lo único que ocurrió fue un ataque de la policía contra los comunitarios, mientras mantienen en la vaguedad y la penumbra lo que sucedió en el primer enfrentamiento, el que dejó ocho muertos. Esa actitud, que parte de la manipulación de los hechos, ha introducido un grave sesgo que vicia la defensa misma que desarrolla el Centro Tlachinollan, y es la que dio origen a la inclusión de los 17 detenidos como “presos políticos”. Pero no puede haber presos políticos en un caso en el que hubo ocho muertos, y cuando es evidente que aquellos a quienes se busca liberar por esa vía mataron a seis de esas víctimas. Tampoco atenúa la responsabilidad de la CRAC y del Cecop en esa matanza, recordar el historial de agresiones sufridas con anterioridad por los opositores a la presa.

Es diferente, en cambio, el caso de Gonzalo Molina González, que lleva poco más de cinco años preso en Chilpancingo acusado de secuestro, robo, lesiones y terrorismo. Gonzalo Molina fue encarcelado el 6 de noviembre de 2013 por el gobierno de Angel Aguirre Rivero movido por la intolerancia y animadversión que éste desarrolló contra algunas policías comunitarias, mientras alentó y financió autodefensas que ahora mantienen una peligrosa presencia en el estado. Es cierto que Gonzalo Molina y sus compañeros incurrieron en una gran imprudencia al acudir con armas al intento de ocupación del palacio municipal de Tixtla, el 27 de agosto de ese año, porque pudieron haber provocado un enfrentamiento a balazos con los policías municipales, cuya imprudencia quizá fue mayor al recibir también con armas en mano a los manifestantes. Las cosas no pasaron de un forcejeo entre ambas fuerzas, pero el hecho sirvió a Aguirre Rivero para castigar a Molina González con la acusación de terrorismo.

Molina González pudo haber sido el primer preso liberado por el gobierno de Astudillo Flores, pero no fue así. Saldrá de la cárcel en cuestión de unas semanas por la sola debilidad de los cargos que le fabricó Aguirre Rivero y por el buen criterio del juez séptimo federal, que el 12 de diciembre pasado lo exoneró de todos los delitos y dictó su libertad. Si no fue excarcelado de inmediato se debió a la necedad del Poder Judicial del estado, pues la causa que aún persiste en el fuero común es por los mismos delitos por los que fue liberado en el marco federal. En consecuencia, no necesita ser indultado ni amnistiado, opciones que el propio Molina González ha rechazado, porque siempre tuvo razón al basar su defensa en el argumento de que los cargos en su contra eran fabricados.

Los dos casos reseñados aquí muestran la clase de problemas que tendrá que sortear y resolver el gobierno de López Obrador para decretar la liberación de presos políticos. No todos lo son, aunque estén en la lista, y un acto arbitrario del presidente atentaría contra el de por sí maltrecho Estado de derecho.

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