Otro país/Tomás Tenorio Galindo

López Obrador intervencionista

En el discurso que pronunció el 8 de agosto del año pasado al recibir la constancia que lo convirtió formalmente en presidente electo, Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de no intervenir en los otros poderes. Así lo dijo: “En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”. Y coronó ese compromiso con la siguiente frase: “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros”.

Esa solemne promesa, expresada en la sede del Tribunal Electoral y en el que fue el primer discurso de López Obrador como presidente electo, ha sido rota innumerables veces ya como presidente en funciones. Lo hizo apenas unos días después de tomar posesión del cargo, cuando el Tribunal Electoral emitió su fallo sobre las elecciones de gobernador en Puebla y avaló el triunfo de la candidata panista Martha Erika Alonso. Para López Obrador “fue una decisión equivocada, diría antidemocrática, pero se tiene que acatar porque ya hay Estado de derecho, que no había en el país”. Todo indica que ese reproche público, y las presiones ejercidas en privado y de las que apenas existen noticias, produjeron semanas después la renuncia de la magistrada Janine Otálora a la presidencia del Tribunal.

Y aunque la polémica rodea al tema y nada se ha establecido de manera definitiva, fue sorprendente observar en diciembre pasado la fuerte presión del Ejecutivo hacia el Poder Judicial y las tensiones que se desataron entre López Obrador y los ministros de la Suprema Corte con motivo de la aplicación de la Ley de Remuneraciones, que impone como sueldo máximo el del presidente, que es de 108 mil pesos mensuales.

Los obuses disparados públicamente durante varias mañanas desde el Palacio Nacional hacia el edificio de al lado, cuestionando los ciertamente altísimos sueldos de los ministros de la Corte, pusieron en duda el compromiso que hizo López Obrador para no ser ya “el poder de los poderes”, y abrieron interrogantes sobre si esa presión tenía que ver también con el interés del presidente de configurar una Corte a su gusto. Los términos en que se aplicará –o si no se aplicará— el recorte salarial en el Poder Judicial es una determinación todavía no tomada, aunque la Corte mantiene suspendida la aplicación de la Ley de Remuneraciones. Pero la duda sobre el interés político que parecía latir en este episodio se despejó con el nombramiento de un nuevo ministro, que era el que López Obrador quería, y la elección del nuevo presidente de la institución, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que resultó ser el ministro –digamos– más afín a las posiciones presidenciales.

El caso de la frustrada devolución de impuestos a ex accionistas de Grupo Modelo, dada a conocer por el presidente López Obrador el 29 de enero en su conferencia de las madrugadas, puso otra vez en duda el respeto de López Obrador al Poder Judicial. Ese día el presidente dijo que su gobierno había “intervenido” ante la Corte para impedir que se devolvieran impuestos por miles de millones de pesos a los propietarios de Grupo Modelo. Por una aclaración de la empresa se sabría que en realidad fueron los ex accionistas de la misma quienes habían solicitado esa devolución.

El 4 de febrero López Obrador reasentó el tema con mayor detalle. “Pues sí intervenimos, el consejero jurídico de Presidencia, con la directora del SAT”, dijo. Explicó que “se habló con los ministros de manera respetuosa. Una cosa es ordenarles y otra es presentar –como lo puede hacer cualquier persona, cualquier interesado– argumentos, que se escuche a las partes antes de que se emita una resolución. Ya existía un proyecto. Un ministro había elaborado el proyecto para que se pagara, se devolviera el impuesto sobre la renta, ya estaba el proyecto y otros ministros votaron en contra”.

Con mayor detalle el presidente volvió al asunto este sábado pasado en Tejupilco, durante una gira por el estado de México. Ya sin decir que había intervenido, recordó que cuando llegó a la Presidencia “había una denuncia en la Suprema Corte de Justicia porque querían, los que vendieron la empresa Modelo, que les devolvieran los impuestos”. Eran 35 mil millones de pesos los que reclamaban, precisó. “Afortunadamente otros ministros, ya en el cambio, ya en este ambiente de que hay que portarnos bien y que no se debe de permitir la corrupción”, dijeron no a la devolución. Seguramente se trataba de un reclamo injustificado por parte de los empresarios, acostumbrados a un trato privilegiado, inaccesible para el resto de los mortales y ruinoso para las finanzas públicas. Casi sin duda, en eso tiene razón López Obrador. Pero incluso en esas condiciones subsiste la cuestión del respeto con que el presidente de la República debe regirse ante los otros poderes.

Lo mismo debe decirse en el tema de la fusión de las empresas Disney y Fox en México, que López Obrador rechaza pese a que ya fue aprobada por la Comisión Federal de Competencia. El pronunciamiento en contra del presidente de la República seguramente tendrá impacto en la decisión que tome el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la segunda instancia que esta semana debe aprobar la operación para que pueda concretarse. López Obrador dijo el viernes que “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, ya ven que no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol. No se vaya a dar una autorización que afecte a los consumidores”.

Planteado en una versión resumida, el punto de controversia radica en cuántos canales de televisión deportivos tendrían las empresas fusionadas y su competencia, Televisa y TV Azteca, y cómo se distribuye la audiencia. De acuerdo con la información disponible, “si se aprueba la fusión en los términos actuales, el 73 por ciento del total de los canales deportivos de la televisión de paga en México estarían en manos de una sola empresa”, es decir, Disney-Fox, pero todos esos canales no representan más del 8 por ciento de la audiencia frente a 59 por ciento que tienen Televisa y TV Azteca. (Expansión, 8 de febrero de 2019)

El principal opositor a esa fusión es Televisa, una empresa habituada a imponer sus condiciones y rechazar la competencia. Pero si la presión ejercida por López Obrador prevalece en el IFT –que goza de autonomía precisamente para impedir injerencias indebidas– y frena esa fusión, lo que al final se habrá frenado es la competencia, con lo cual, además, saldría ganando TV Azteca, una empresa que se encuentra entre los afectos del presidente.

El tema de fondo detrás de todo lo anterior es si resulta sano que el presidente de la República se erija en rector, juez y parte de todo. Una cosa es combatir la corrupción, y otra muy diferente suprimir los contrapesos institucionales para abrirle paso al “poder de los poderes”.

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