Otro País/Tomás Tenorio Galindo

Ley de Seguridad Interior: habla claro el Ejército

Pasó casi desapercibida y apenas la recogió la prensa, pero este miércoles el Ejército hizo una aportación de gran relevancia al debate sobre la ley de seguridad interior que se discute en la Cámara de Diputados.

Las iniciativas presentadas en la Cámara y en el Senado partieron de la simple idea de crear una norma para legalizar la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, lo que equivale a dar título de ley a la sustitución de las fuerzas policiales por fuerzas militares. Ese equívoco suscitó hace dos meses las protestas de organizaciones nacionales de derechos humanos, lo que motivó que los diputados federales sometieran el proyecto a una consulta pública y, aparentemente, lo corrigieran.

Es evidente que además de convertir un estado de excepción en un ordenamiento legal y ordinario, dejando con ello de lado la profesionalización de las policías, el aspecto más sensible contenido en las iniciativas originales es el riesgo de que la ley para legalizar la actividad militar en el combate al crimen organizado desate una ola de violaciones a los derechos humanos, particularmente contra población inocente.

Con el propósito de disipar esas dudas, el general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, puntualizó este miércoles qué es exactamente lo que los militares quieren que contenga la ley de seguridad interior. “Lo que nosotros consideramos en esta materia es que la seguridad interior no es un asunto de las fuerzas armadas, no estamos pidiendo una ley para las fuerzas armadas, es una ley de seguridad interior, que es una función a cargo del Estado mexicano para preservar su seguridad como Estado democrático y social”, dijo. Y “cuando hablamos que la ley (es) para darle marco jurídico a las fuerzas armadas, nosotros pensamos que es un error”, pues “tiene que verse como una ley para todo el Estado mexicano, para la función del mismo y no una ley para las fuerzas armadas”.

Con esa misma moderación que desmiente la pretensión de que los militares aspiran a disponer de discrecionalidad e inimputabilidad por sus acciones, el propio secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo el 19 de febrero en el Día del Ejército que la ley que analizan los diputados ‘‘no debe ser una ley a modo para las fuerzas armadas. Esperemos que fortalezca al Estado mexicano, que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer; que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas; una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero sobre todo a la sociedad’’.

El secretario de la Defensa expresó también que “a quienes por falta de información, tergiversación de la misma u otros intereses no visibles señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en la seguridad pública o a su militarización, les aclaramos que las fuerzas armadas creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática y por tanto creemos que la iniciativa debe ser multidimensional, que involucre a todas las autoridades bajo el principio de legalidad’’.

Incluso demandó que la reforma establezca compromisos, obligaciones y atribuciones para las autoridades civiles, ‘‘incluyendo, como última instancia, la participación de las fuerzas armadas bajo un principio de gradualidad’’. La “gradualidad” mencionada por el general Salvador Cienfuegos quiere decir el retiro paulatino de los militares del combate a la delincuencia, o al revés, su participación no como una primera instancia.

En el “Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial”, realizado el miércoles en la Ciudad de México, el general Ramos Flores retomó el concepto de “gradualidad” y sostuvo que el Ejército no busca más facultades, sino reglas claras de cuándo, dónde y para qué se utilizará a las fuerzas armadas, pues en la actualidad prevalece la incertidumbre jurídica de hasta dónde pueden los militares intervenir en tareas que corresponden a las policías.

Advirtió que “las autoridades jurisdiccionales tienen también dudas si cuando actuamos nosotros como primer respondiente o no, si deben dejar libre al detenido por la acción de las fuerzas armadas; entonces, yo creo que para todos es sano que se definan estas regulaciones”. Por ese razonamiento, pidió incorporar a la ley de seguridad interior el criterio de la gradualidad, que establezca que las fuerzas armadas son el último recurso frente a la inseguridad pública, no el primero. (Milenio, 30 de marzo de 2017)

Lo que el secretario y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Defensa plantean con toda claridad a los diputados es prácticamente lo mismo que reclaman las organizaciones defensoras de derechos humanos, que la ley que voten no normalice la irregularidad que supone hoy la intervención de los militares en actividades de policía, y que por lo tanto no se brinde una carta de impunidad a los efectivos responsables de abusos contra la ciudadanía.

La concepción expuesta por el general Alejandro Ramos, que obviamente es la posición del general Salvador Cienfuegos, resuelve los dilemas más espinosos y cuestionados del tema. Significa un vuelco en el enfoque que los partidos políticos querían darle a la iniciativa –convertir al Ejército en una superpolicía permanente–, y exige a los diputados y al gobierno –al gobierno federal y a los de los estados, incluso a los ayuntamientos— un compromiso con la capacitación y profesionalización de los cuerpos de policía. Esto es lo que las autoridades civiles no querían, porque hasta ahora no han podido crear corporaciones policiales honestas, confiables y eficaces.

El fiscal narco de Nayarit

El caso del fiscal general de Nayarit, detenido por el gobierno de Estados Unidos acusado de ser un jefe del narcotráfico, refleja la profundidad y amplitud que ha alcanzado en el país el problema de la corrupción y la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno, precisamente el tema que concierne a la ley de seguridad interior. No es que el fiscal Edgar Veytia fuera cómplice de los cárteles y encubriera sus actividades ilícitas, sino que él era la cabeza de un grupo delictivo y había acumulado una fortuna de unos 250 millones de dólares. Una de las explicaciones surgidas en torno a su captura es que Joaquín El Chapo Guzmán lo delató. Lo asombroso e increíble, sin embargo, es que el gobierno de México no lo haya descubierto. ¿Puede alguien acumular en muy pocos años una riqueza de alrededor de cinco mil millones de pesos sin que el todopoderoso Servicio de Administración Tributaria se dé cuenta? ¿Nada detectaron la Procuraduría General de la República, el Cisen y la Secretaría de Gobernación? El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, se declaró sorprendido por el hecho, lo cual resulta muy difícil de creer. Que un fiscal en funciones haya sido identificado como jefe del crimen organizado y capturado por Estados Unidos es un escándalo político de grandes dimensiones y una prueba de los motivos por  los cuales fracasa la estrategia contra el tráfico de drogas y la violencia. ¿Qué hará ahora el gobierno?

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