Yarrington, retrato del sistema político

El caso del ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es el más reciente episodio que refleja y sintetiza el modus operandi de la corrupción que distingue al sistema político mexicano.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, periodo en el que cometió los delitos por los cuales fue detenido en Italia el domingo pasado, pero no fue acusado formalmente por el gobierno de México sino hasta el 2012, y por el de Estados Unidos hasta el 2013. Es decir, era prófugo de la justicia desde hace cinco años, pero esa condición no le impidió tener a su servicio ocho agentes ministeriales de Tamaulipas como guardaespaldas. La opinión pública ignoraba esto último hasta que en noviembre pasado, con el cambio de gobierno del PRI al PAN en Tamaulipas, las nuevas autoridades locales dieron a conocer esa irregularidad. El ex gobernador era prófugo de la justicia mexicana, pero ¡tenía como escoltas a policías de la misma justicia que supuestamente lo buscaba!

De acuerdo con la información oficial dada a conocer a raíz de su detención, el ex mandatario priista está acusado por la Procuraduría General de la República de un solo delito en la categoría “contra la salud” (narcotráfico), por el que la máxima penalidad que recibiría es de 20 años de cárcel. El gobierno de Estados Unidos, en cambio, le imputa siete delitos en acusaciones interpuestas en una corte federal de Brownsville, Texas, que en ese país le acarrearían sentencias de dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión.

Los cargos que el gobierno de Estados Unidos le adjudica están relacionados con lavado de dinero, conspiración para defraudar, conspiración para hacer declaraciones falsas a bancos estadunidenses y violación a la Ley de Sustancias Controladas. Más concretamente, Estados Unidos acusa a Tomás Yarrington de haber recibido del Cártel del Golfo –mientras fue gobernador y también después– grandes sumas de dinero procedentes del tráfico de estupefacientes, a cambio de facilitar el traslado de toneladas de drogas hacia territorio estadunidense. Las autoridades de ese país lo acusan de haber continuado sus actividades delictivas en años posteriores a su gestión en el gobierno de Tamaulipas, y en tal proporción que lo describen como un alto jefe del narcotráfico internacional y no sólo como un gobernante corrupto.

Por otra parte, debe repararse en el siguiente contexto: Yarrington llegó a la gubernatura todavía en el gobierno priista de Ernesto Zedillo, se convirtió en el jefe del narcotráfico en Tamaulipas en el sexenio de Vicente Fox, y continuó delinquiendo con total impunidad, una vez terminada su gubernatura, en el de Felipe Calderón. Son los años del PAN en el poder y coincidentemente los años en los que el narcotráfico alcanzó una gran expansión y poderío en el país, lo que pone de manifiesto el fracaso de la alternancia política en el combate a la corrupción.

¿Por qué no fue capturado Yarrington de inmediato, en algún momento después de terminar su gestión en Tamaulipas? ¿Por qué no lo detuvo el gobierno de Calderón, al que por las fechas le correspondía hacerlo? Y finalmente, ¿por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto le concedió protección a sabiendas del historial turbio del ex gobernador tamaulipeco? Como en otros casos –y ahí están los de los ex gobernadores Javier Duarte y César Duarte, prófugos de la ley y a quienes extrañamente las autoridades no encuentran–, Yarrington era un apestado pero al final también un integrante del sistema político. Cuánta de esa tolerancia gubernamental era complicidad y en qué medida los recursos ilícitos obtenidos por Yarrington fluyeron por los canales del financiamiento político, es algo que podría esclarecerse si el actual gobierno quisiera hacerlo. En lo que no hay ninguna duda es en que el ex gobernador no actuó solo sino en el espeso ambiente político y gubernamental que propicia, demanda y tolera toda clase de corruptelas, componendas y actos delictuosos.

Lo anterior explica que la detención de Yarrington en Florencia haya sido obra de la colaboración de las policías de Estados Unidos e Italia, sin participación del gobierno de México. La PGR pretendió hacer creer que había intervenido con información en la captura, pero es falso. Quienes localizaron, persiguieron y el domingo interceptaron a Yarrington fueron agentes italianos y estadunidenses. De no haber sido porque estaba acusado por Estados Unidos, Yarrington seguiría libre, incluso aquí en el país, como hizo durante años. En razón de todo lo anterior, es más probable que sea extraditado a Estados Unidos, pues no parece que Washington esté dispuesto a correr el riesgo de que en México huya de la prisión ayudado por los muchos amigos, socios y cómplices que debió acumular en su carrera. Yarrington, pues, como los Duarte, es la descripción más fiel del sistema político mexicano.

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