Otro País/Tomás Tenorio Galindo

Discursos contra la impunidad

Un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las detenciones de los ex gobernadores Tomás Yarrington y Javier Duarte “son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, se informó oficialmente que el gobierno de México cedió a Estados Unidos la prioridad de la extradición del ex gobernador de Tamaulipas. Ese acuerdo significa que Yarrington será extraditado de Italia, donde se encuentra detenido, a Estados Unidos y no a México. Y que primero será juzgado y sentenciado en Estados Unidos y no en México, por crímenes y delitos originalmente cometidos en México.

No hay correspondencia entre las palabras de Peña Nieto y el desarrollo del caso de Tomás Yarrington. En primer término porque inexplicablemente durante varios años el gobierno se mantuvo indiferente y pasivo ante las acusaciones contra el ex gobernador priista, sin emprender su búsqueda pese a la existencia de una orden de aprehensión que data de 2012. En segundo lugar porque su detención se produjo en Italia gracias a la colaboración del gobierno estadunidense con la policía de ese país, sin la participación de las autoridades mexicanas. Y finalmente, porque no será juzgado en México. ¿Cómo, en esas circunstancias, puede el Estado mexicano presumir de un mensaje firme y contundente contra la impunidad? Impunidad es lo que el gobierno de Peña Nieto –y el anterior del panista Felipe Calderón– le regaló a Tomás Yarrington.

No es muy diferente lo que sucedió en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien Peña Nieto dejó hacer y deshacer en ese estado hasta la ruina institucional y un saqueo presupuestal sin precedente en la historia de la corrupción nacional. La misma pasividad mostrada en el caso de Yarrington tuvo el gobierno federal ante los desmanes de Duarte en Veracruz, donde el ex gobernador construyó una red criminal y usó el dinero público, el aparato de gobierno y los programas oficiales para desviar miles de millones de pesos hacia sus bolsillos y los de sus amigos, dinero más tarde empleado en la compra de propiedades faraónicas en Estados Unidos y en diversas partes del país. Y no puede alegar el gobierno federal que no sabía lo que sucedía en Veracruz, cuando los efectos de la voracidad y el estilo depredador de ejercer el poder del entonces gobernador estaban a la vista y se traducían en ingobernabilidad, inseguridad y violencia desenfrenada.

Tampoco tiene argumentos el gobierno de Peña Nieto para justificar la fuga de Duarte una vez que en octubre pasado solicitó licencia al Congreso de Veracruz. Aún no se disipa la sospecha de que en realidad las autoridades le permitieron escapar, y de que los seis meses transcurridos desde aquel momento hasta su captura en Guatemala fue un periodo de gracia concedido a un integrante del grupo en el poder.

La misma suspicacia rodea ahora la detención del ex gobernador de Veracruz, por las condiciones en las que ocurrió y por las motivaciones que pudo tener el gobierno federal para ejecutar la orden de aprehensión en este y no en otro momento antes o después. Se acrecienta esa sospecha por el hecho de que el gobierno mexicano no haya solicitado al de Guatemala optar por la deportación inmediata del prisionero, lo que habría sido posible debido al ingreso y estancia ilegal de Duarte en ese país. Esa posibilidad habría evitado el engorroso juicio de extradición y el papeleo entre un país y otro, que puede durar hasta un año y sólo al cabo del cual podrá Guatemala entregar a Duarte al gobierno de México. Este factor obra en favor de Duarte, así sea sólo por el tiempo que pasará antes de que ingrese a una cárcel mexicana.

Si se considera la importancia que el caso de Duarte tiene para el gobierno de Peña Nieto, en la perspectiva de las elecciones del estado de México y las presidenciales de 2018, se advierte la conveniencia de su arresto justo ahora y no antes ni después. Prácticamente eliminada de la contienda mexiquense la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, lo cual se ha reflejado en las encuestas más recientes, la disputa por la gubernatura en ese estado se da ahora entre los candidatos del PRI, Alfredo del Mazo Maza, y de Morena, Delfina Gómez.

Dar la apariencia de que los gobiernos del PRI están comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad –aunque esos mismos gobiernos sean los protagonistas y los responsables de esa corrupción y esa impunidad— tendría el objetivo de fortalecer las posibilidades del candidato priista en el estado de México, a quien la candidata de Morena le pisa los talones. No es casualidad que, además, este último partido empiece a ser involucrado –sin evidencia alguna— en las componendas y trasiego de dinero de que se acusa a Duarte. Es muy posible, pues, que la captura de Duarte esté relacionada adicionalmente con el propósito de hacer ganar al PRI en el estado de México a como dé lugar. Aunque para eso sería preciso borrar de la memoria pública quién es y qué hizo Duarte en Veracruz.

Si se tienen presentes además los casos actuales del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte –prófugo de la justicia–, y de Quintana Roo, Roberto Borge, investigado por acciones delictuosas similares a las de Duarte, o el del todavía impune Humberto Moreira en Coahuila, no queda nada del mensaje de firmeza contra la impunidad que quiso reivindicar para sí el presidente Peña Nieto. Si a todo lo anterior se añade el caso de corrupción detectado en Pemex y el señalamiento de que su ex director Emilio Lozoya recibió un soborno de cinco millones de dólares de la trasnacional brasileña Odebrecht, por lo cual el ex funcionario no ha sido indiciado hasta ahora, se puede valorar la autenticidad y firmeza real del discurso presidencial.

Asesinato político en Guerrero

Mientras no exista evidencia que indique otra cosa, el homicidio del secretario general del PRD en el estado de Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, pareciera tener motivaciones políticas. Saldívar Gómez era el principal operador político del ex gobernador Angel Aguirre Rivero, quien ejerce una notable influencia en ese partido mediante la corriente Izquierda Progresista de Guerrero. Desde su creación cuando era gobernador, esa corriente fue encabezada por el hijo de Aguirre Rivero, y a la muerte de éste hace unas cuantas semanas Saldívar Gómez quedó como principal dirigente. En el preámbulo de la lucha interna por las candidaturas del PRD para las elecciones intermedias del próximo año, la Fiscalía General del Estado no puede desechar esa línea de investigación. Porque este crimen no parece un hecho más de la delincuencia organizada.

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