Otro País/Tomás Tenorio Galindo

El PRD usurpa la movilización ciudadana

El articulista Jesús Lépez Ochoa hizo notar el lunes en Quadratín que en la marcha organizada por el PRD el domingo 7 en Chilpancingo no participó –no se vio al frente ni en el templete, que habría sido lo lógico– la familia del secretario general de ese partido, Demetrio Saldívar Gómez, asesinado el 19 de abril, aun cuando la movilización tenía formalmente como motivo principal exigir justicia por ese homicidio.

No se trata de una minucia. Es un ejemplo de las serias y abundantes mentiras, contradicciones e incoherencias que predominan en las acciones políticas del PRD en el estado de Guerrero desde que perdió la elección de gobernador en junio del 2015 frente al PRI.

La marcha del PRD fue llamada “por la paz y la justicia”, y además de reclamar el esclarecimiento del asesinato de Saldívar Gómez exigió justicia en los casos de los perredistas Ambrosio Soto Duarte, ejecutado el año pasado, y Roger Arellano Sotelo, víctima de un ataque a balazos ocurrido hace un mes. Alejandra Barrales y Beatriz Mojica, presidenta y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, extendieron sus reclamos a la situación general de violencia que sufre el estado, hicieron señalamientos contra el gobernador Héctor Astudillo Flores, e incluso recordaron que unos 600 perredistas han sido asesinados en Guerrero desde la fundación del partido en 1989.

El problema de la protesta del PRD es que usurpa el papel de los movimientos sociales, un papel que no le corresponde, y actúa como si no tuviera responsabilidad en la violencia que el estado padece desde hace doce años, en diez de los cuales el gobierno estatal estuvo en sus manos. Esa simulación es particularmente notoria en el caso del presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, quien participó en la marcha como si fuera un ciudadano más y como si la inseguridad y la violencia en el puerto –donde se produce la mitad de los muertos de todo el estado– no fuera responsabilidad también suya.

En un acto de amnesia y contradicción extrema, Beatriz Mojica expuso que “el gobernador debería de pedir perdón a los médicos, universitarios, profesores y empresarios que han sido asesinados porque los está involucrando en la delincuencia”, cuando hace dos años, siendo candidata a la gubernatura y todavía reciente el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, dijo que el PRD no tenía por qué pedir perdón por los desastrosos resultados de sus dos gobiernos en el estado.

En aquellos días de campaña, la principal preocupación del PRD y de su candidata a gobernadora fue quitarse de encima la sombra de la matanza y desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cuya responsabilidad local recae en gobiernos, gobernantes y políticos de ese partido. Y su segunda preocupación fue simular que las condiciones ruinosas en las que el PRD dejaba el estado no era culpa de los diez años de gobiernos perredistas. Es la misma actitud que aplica el PRD ahora.

Es una premisa falsa. Como es falaz generar la impresión de que los recientes asesinatos de perredistas obedece a actos de represión política. La alusión a los 600 perredistas asesinados en Guerrero –una estadística real–, busca crear esa percepción confusa de que otra vez están matando a perredistas. De hecho, la represión política y los asesinatos de dirigentes sociales se agudizaron en los diez años de gobiernos del PRD, de una forma tan repugnante como en los viejos tiempos de la guerra sucia. Según información pública, el homicidio político emblemático de este periodo –el del diputado perredista Armando Chavarría– pudo haber sido obra del entonces gobernador perredista Zeferino Torreblanca. Y para más precisión, los presos políticos más recientes –Nestora Salgado, Marco Antonio Suástegui, Gonzalo Molina, Arturo Campos, los dos primeros ya liberados– fueron encarcelados por órdenes del ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, quien además está involucrado en el caso Iguala y a quien el PRD no cesa de extenderle una alfombra para su regreso a la política partidista.

Eso no es todo. Un día antes de la marcha del PRD en Chilpancingo por la seguridad y la justicia, organizaciones sociales de Morelos habían realizado una movilización en Cuernavaca en demanda de paz y justicia, contra el gobierno de Graco Ramírez, del PRD. En Morelos pesan sobre el gobierno perredista acusaciones sumamente graves, adicionales a las que se originan por la violencia que también azota al estado, pues ejecutó acciones criminales al abrir fosas clandestinas para depositar en secreto, fuera de la legalidad, del respeto y del sentido común, decenas de cuerpos de víctimas de la violencia. De las fosas clandestinas que el gobierno abrió en Tetelcingo y Jojutla han sido recuperados hasta ahora 204 cuerpos. La presión del movimiento social llevó a descubrir la existencia de estas fosas y puso en evidencia la descomposición del gobierno de Graco Ramírez.

Se ignora el porqué de la ausencia de la familia de Demetrio Saldívar en la marcha del PRD en Chilpancingo, pero es posible que exista un distanciamiento de los deudos del secretario general con la dirigencia del partido, quizás por la forma en éste que ha capitalizado políticamente su muerte. No debería sorprender que ese sea el motivo.

Los dirigentes del PRD suponen que con salir a las calles y retomar la bandera de la paz y la justicia ennoblecen a su partido, pero sucede lo contrario. Hay una memoria pública y no es posible olvidar la responsabilidad que ese partido tiene en las actuales calamidades que sufre Guerrero. La voracidad política mostrada por este partido en el caso de Demetrio Saldívar, y la incongruencia histórica al usurpar y querer apropiarse de la indignación ciudadana, desnaturaliza e invalida sus alegatos políticos.

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