Otro País/Tomás Tenorio Galindo

¿De dónde salió el 2.9 por ciento de Del Mazo?

Sin siquiera discutir la queja, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Trife, determinó ayer miércoles que el gobierno federal no incurrió en falta alguna al repartir masivamente en el Estado de México apoyos de programas sociales justo antes de las campañas electorales por la gubernatura de esa entidad.

El Trife consideró que los programas sociales no deben suspenderse, y manifestó que el promotor de la queja, Morena, no demostró que al repartir apoyos de esos programas el gobierno federal hubiera incurrido en coacción del voto. En consecuencia, resolvió que no se produjo una vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad que deben distinguir a los procesos electorales.

En rigor, tiene razón el Trife. Las cien visitas que los secretarios de Estado realizaron al Estado de México en los meses anteriores al comienzo de las campañas electorales, en las que en actos masivos entregaron a la población toda clase de apoyos que en conjunto representan miles de millones de pesos, no constituyen delito electoral alguno.

Sin embargo, no hay duda alguna de que el propósito de esas visitas y de la entrega de dichos recursos era contribuir a la campaña que poco más tarde realizaría el candidato del PRI a la gubernatura, Alfredo del Mazo, y de que el despliegue federal tuvo efectos en los resultados de la elección, por muy magros que parezcan los 2.9 puntos porcentuales que las cifras oficiales le dan al aspirante priista al cabo de la jornada del domingo anterior. Es algo que sucedió, está documentado y tuvo consecuencias reales en los comicios, pero que formalmente no puede asumirse como lo que fue.

Ante otros hechos constitutivos de delitos, en cambio, los jueces electorales no podrán cerrar los ojos. Por ejemplo, como el ocurrido en la urna 408 contigua 3, instalada el domingo pasado en la comunidad de Calacoaya, en Naucalpan, donde el candidato del PRI obtuvo 497 votos falsos. De acuerdo con un reporte periodístico de esta tarde, el acta de la casilla señalaba que habían votado 276 personas, pero los votos que se contabilizaron eran 773. La existencia de los votos falsos se confirmó con la reapertura del paquete electoral y el recuento de los sufragios, ejercicio realizado a solicitud de Morena. O como lo sucedido en el distrito 34 de Toluca, donde a la candidata de Morena, Delfina Gómez Alvarez, le fueron reasignados este día 2 mil 712 votos que no habían sido computados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Esos votos aparecieron en el recuento de 117 casillas de las 433 que se instalaron en ese distrito.

Es probable que el recuento del Instituto Electoral del Estado de México en poco más de tres mil casillas no modifique sustancialmente los resultados que dan como ganador a Alfredo del Mazo, aun con irregularidades como las detectadas este jueves y mencionadas aquí como ejemplos de lo que pudo haber ocurrido tras bambalinas en toda la elección. No porque las irregularidades sean menores, sino porque la ley es restrictiva y está construida precisamente con la intención de brindar protección a los beneficiarios de las irregularidades. Igual que en el caso de la intervención de los secretarios de Estado, que virtualmente realizaron en el Estado de México una campaña gubernamental antes de las campañas partidistas, y realmente rompieron el principio de imparcialidad y neutralidad de las elecciones.

Por lo anterior, aun siendo correcto según la letra legal, el fallo del Trife sobre la fuerte presencia del gobierno federal en el Estado de México en los días previos a las elecciones es una muestra de la indulgencia con que las autoridades –todas las autoridades relacionadas— ven y consienten la intervención oficial en las elecciones. Alfredo del Mazo ganó en el Estado de México gracias al apoyo que tuvo del gobierno federal, que se movilizó para hacerlo ganar a como diera lugar. Esa intervención desafió la tendencia y la dinámica natural (democrática) creada en las campañas, favorables a la candidata de Morena de acuerdo con encuestas serias y ajenas a intereses partidistas. Apenas lo logró con esa ventaja de 2.9 por ciento. Por ello, al margen del curso que tomen las quejas anunciadas por Morena y el PAN, legal, política, ética y moralmente, el triunfo electoral de Alfredo del Mazo en el Estado de México está sostenido de alfileres.

Coahuila, anulación

El Instituto Electoral de Coahuila anunció hoy que el ganador de la elección de gobernador  es el candidato priista Miguel Ángel Riquelme, con una ventaja de 2.5 puntos porcentuales sobre el candidato panista Guillermo Anaya. A pesar de estar dentro de los tiempos legales, llegó demasiado tarde el pronunciamiento final de la autoridad electoral de ese estado. Las graves incoherencias que afectaron el desempeño del instituto electoral coahuilense desde la noche de la elección –dar a un ganador en el conteo rápido y a otro en el PREP, y detener este último cuando apenas iba en el 74 por ciento de las casillas— crearon las condiciones para el conflicto postelectoral que hoy vive Coahuila. Incluso si fuera veraz el resultado dado a conocer hoy, el órgano electoral perdió toda la confianza para dotarlo de legitimidad. Sencillamente es imposible creerle. En Coahuila no parece haber otro camino más que la anulación de las elecciones.

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