Otro país/Tomás Tenorio Galindo

Tengamos fe también en el INE

Aun cuando hay quienes aseguran que el Instituto Nacional Electoral está dispuesto a anular las elecciones en Coahuila, lo cierto es que hace exactamente lo contrario: prepara las cosas para que el Tribunal Electoral valide los resultados pese a las irregularidades manifiestas y comprobadas por el mismo organismo electoral.

El truco está a la vista y consiste en la manipulación de los datos de la fiscalización de las campañas. De acuerdo con la información oficial difundida por el instituto, el candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Angel Riquelme, rebasó el tope del gasto en 5.1 millones de pesos, suma equivalente a 26.5 por ciento, cinco veces el excedente autorizado por la ley que es de cinco por ciento, y el del PAN, Guillermo Anaya, por 4.3 millones, 22 por ciento más.

Bueno, así era hasta el domingo pasado. Ayer, los excedentes estaban oficialmente marcados por el INE en 7.8 por ciento para Riquelme y en 4.5 para Anaya. La ley establece como causal de anulación un excedente de más de cinco por ciento, lo que casi se vuelve una consecuencia ineludible si la diferencia entre el candidato ganador y el segundo es de menos de cinco por ciento. En teoría, si estas cifras se mantienen la elección en Coahuila tendría que ser anulada por el INE y en última instancia por el Tribunal Electoral, pero quien quiera ganar una apuesta puede apostar a que –a pesar de todo– esos comicios no serán anulados.

No se sabe cómo ni por qué se produjo la reducción en el cálculo del dinero gastado de más por el PRI, o planteado al revés, por qué el INE había fijado originalmente en 26.5 por ciento el excedente de ese partido. El INE habla de ajustes y modificaciones motivados por el análisis de la “matriz” de precios, o de prorrateo del gasto entre los diferentes candidatos priístas, pero estos procedimientos escapan a la comprensión general y pueden significar lo que sea según quién y cómo los realice. Es decir, al final no se sabe qué es lo que se hace en la cocina fiscalizadora del INE.

Lo que sí salta a la vista es el beneficio que esas operaciones ofrecen al PRI, y para el caso es evidente que la conducta del INE conduce a la validación de las elecciones en Coahuila pese a la gravedad y contundencia del gasto en demasía.

La clave a la que parece apostarle el PRI podría encontrarse en la redacción de la cláusula respectiva al final del artículo 41 de la Constitución, y que se repite en el apartado de la ley electoral sobre la nulidad de los comicios. Esa redacción abre una puerta muy ancha a la interpretación de los magistrados del Trife. La cláusula dice que las violaciones por las que se puede anular una elección deben ser “graves, dolosas y determinantes”, precepto que al ser aplicado sirve lo mismo para anular como para validar. Rebasar en 7.8 por ciento el gasto no es lo mismo que hacerlo en 26.5 por ciento. Con este último porcentaje es imposible ocultar la gravedad de la falta o alegar falta de dolo, y con 7.8 por ciento puede aducirse que es apenas tantito y que no hay en ello ni gravedad ni dolo, sino simple descuido.

Y después de dejar lista de ese modo la plataforma para la defensa del enlodado triunfo del PRI en Coahuila, mañana se irán de vacaciones por quince días los consejeros electorales y los empleados del INE. Misión cumplida.

Fe en la PGR: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, reclamó tener fe y confianza en que la Procuraduría General de la República hará un buen trabajo en el procesamiento penal del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Con ello pretendió minimizar el poco profesional y muy sospechoso desempeño de los fiscales que acudieron a defender la causa abierta contra el ex gobernador por el hurto de cientos de millones de pesos del presupuesto veracruzano. Osorio Chong pidió confianza a la sociedad cuando el gobierno federal se hunde en un descrédito vergonzoso por el caso del socavón en la autopista de Cuernavaca y las elecciones en el Estado de México y Coahuila, por mencionar hechos recientes que minan la confianza de la sociedad en las autoridades. No hay forma de tener confianza en la PGR, pues la percepción pública al cabo de esa primera audiencia ante el juez que lleva el caso, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto se propone fingir que el ex gobernador recibe su castigo, mientras en los hechos le abre las puertas de la prisión para que se vaya a alguna de sus casas.

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