Al igual que en los postreros días del gobierno de Luis Echeverría, un presidente priista se ve inmerso en una crisis política con tirios y troyanos como la que vive Peña Nieto.

Sin embargo, hace 40 años el régimen era hegemónico, con altos niveles de concentración de poder político en manos del Ejecutivo y todo quedaba en familia; la inconformidad se resolvía con prebendas y posiciones políticas a los líderes y subsidios federales a la población, y así el PRI pudo permanecer en el poder un cuarto de siglo más.

Hoy, las condiciones son distintas, en el escenario mexicano se palpan distorsiones en políticas públicas por la persistencia de grupos de interés y algunas élites económicas, financieras y clericales que durante décadas fueron cobijadas por el propio sistema hegemónico, pero que hoy, dadas las condiciones actuales de pluralidad y competencia política, han potenciado su influencia y capacidad para movilizar la resistencia hacia los contenidos de políticas públicas, tratando con ferocidad de contrareformar lo reformado. En los grupos de derecha su influencia económica y financiera es decisiva, mientras que para los de izquierda la batalla campal está en las calles y carreteras. Cuestión de métodos.

Un gran paso del presidente Peña fue el acuerdo con las principales alineaciones políticas para sacar avante las reformas estructurales en sensibles campos, como la energética, telecomunicaciones, político-electoral y la más combatida por el magisterio disidente: la educativa, que amenaza los privilegios particulares durante lustros usufructuados. No obstante, este globo triunfalista se desinfló antes de la mitad de su sexenio. En parte, por la belicosidad de los grupos de presión y el descrédito del primer mandatario por supuestos actos de corrupción, han dado al traste con la esperanza de muchos mexicanos que pensaban que el retorno del PRI iba, por fin, a tapizar la vía hacia la transparencia y rendición de cuentas.

Lejos de ello, ninguna propuesta de política pública de largo alcance será creíble para el ciudadano común, de no ser las preconcebidas prácticas del paternalismo y clientelismo políticos; es decir, los bienes tangibles e inmediatos a cambio de apoyo político. El país vive un entorno polarizado y de alta desconfianza en los políticos y en los partidos que poco abonan al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y a la instauración de un verdadero Estado de Derecho.

Para acercarse a este plano ideal el gobierno tendría que enfrentar con éxito el desafío abierto del magisterio disidente y acabar con la velada oposición de los dueños de los monopolios económicos. Estos últimos, actores relevantes de todo sistema político, pero por desgracia, el presidente está entre la espada y la pared.