CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó ante el Comité contra la Tortura de la ONU la persistente y extendida práctica de la tortura en todo el país en un contexto de preocupante impunidad, lo que, de acuerdo con las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas, ocurre mayormente entre la detención y puesta a disposición ante la autoridad ministerial, siendo las instancias más señaladas de cometer esa práctica las entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, así como las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Ante ese panorama, la CNDH anunció que observará y analizará la normativa secundaria de la Guardia Nacional, y destacó que ha urgido al Estado mexicano a contar a la brevedad con un Programa Nacional contra la Tortura y con un Registro Nación de Detención de Personas, que tenga metodología homologada para lograr datos estadísticos confiables, así como la adecuada implementación de la Ley General contra la Tortura.

Respecto a la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Nacional expresó que dicha reforma es un retroceso por el riesgo de vulneración del principio de presunción de inocencia.

La participación de la CNDH, en su carácter independiente y autónomo, en el 66 Periodo de Sesiones del Comité contra la Tortura de la ONU permitió entregar a los integrantes de ese cuerpo colegiado información relacionada con las Recomendaciones por Violaciones Graves a Derechos Humanos que ha emitido esta Comisión Nacional y en las cuales la tortura es una constante, como son, entre otros, los casos de Nochixtlán y la Recomendación del Caso Iguala sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, la cual representa uno de los asuntos más ominosos de violación a los derechos fundamentales en nuestro país.

El organismo autónomo también compartió con el Comité contra la Tortura de la ONU que las personas internas en instituciones de salud mental y psiquiátricos sufren malos tratos, lo que también ocurre a las personas con discapacidad o retenidas en estaciones migratorias.

La violencia obstétrica ocupó espacio de atención del Comité, por lo que se hizo una presentación de la importancia de que las autoridades médicas cumplan con la Recomendación General 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, emitida por la CNDH. Y se hizo notar que solo 15 entidades federativas cuentan con centro penitenciario para mujeres y la necesidad de que cada estado cuente con uno.

La nota completa aquí.