CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2018.- Con el objetivo de detectar casos de trata de personas y establecer mecanismos de referencia y protocolos de actuación que permitan la denuncia anónima y segura de dicho personal ante las instancias de persecución del delito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a impulsar y fortalecer la capacitación de los miembros de tripulaciones de cabina, sobrecargos y pilotos de las líneas aéreas en nuestro país.

Las Directrices para la instrucción de la tripulación de cabina sobre reconocimiento y respuesta a la trata de personas fueron presentadas el pasado 28 de mayo en Ginebra, Suiza, durante el Foro ICAO-OHCHR Combate a la Trata de Personas en la Aviación, en el cual la CNDH compartió las acciones que desde 2016 ha llevado a cabo conjuntamente con Aeroméxico, empresa que ha realizado importantes avances para capacitar a su tripulación e implementar el “Protocolo de procedimientos para la detección de posibles víctimas de trata de personas en la prestación de servicios aéreos”, lanzado por ambas instancias el año pasado.

Esta buena práctica tiene como característica única a nivel mundial que retoma las dimensiones de una empresa de talla internacional con las fortalezas de una Institución Nacional de Derechos Humanos para aportar confianza y garantía en los procesos de capacitación desde una mirada de derechos humanos y con enfoques de género e infancia, hasta el proceso de denuncia y seguimiento de casos con las autoridades correspondientes. Si bien, la detección de posibles víctimas y enjuiciamiento de tratantes corresponde preponderantemente al Gobierno Mexicano, la responsabilidad de las empresas de no permitir que en sus negocios se violenten derechos humanos es una obligación.

Hoy en día, instancias internacionales como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Organización de Aviación Civil Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos brindan herramientas a los Estados para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas adoptados en el marco de la Agenda 2030.

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