CHILPANCINGO, Gro., 12 de marzo de 2019.-El Congreso de Guerrero aprobó instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que investigue a los organismos operadores de agua de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, se ubiquen las causas que generaron los adeudos históricos y encauce los procedimientos administrativos y penales que correspondan contra los probables responsables de omisiones legales, como directores generales y administradores.

En el punto de acuerdo aprobado de manera unánime como urgente, propuesto por el grupo parlamentario del PRD, los diputados instruyeron además al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que establezca mesas de trabajo con esos cinco municipios para revisar los adeudos históricos de sus organismos de agua, a fin de llegar a acuerdos y no se afecte la distribución del agua a la población, como ha ocurrido de manera reciente.

En el dictamen leído por la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, se argumenta que existe un círculo vicioso, pues la causa principal de la falta de suministro son los malos manejos administrativos, lo que a su vez provoca la falta de pago de los ciudadanos, lo cual no contribuye en nada con la operatividad de las paramunicipales.

Dijo que los diputados deben interceder para que entre la CFE y las administraciones públicas municipales busquen mecanismos que permitan generar esquemas de pago acorde a sus posibilidades, para no afectar la prestación del servicio de agua potable.

Además del aspecto administrativo, indicó, el problema del desabasto se debe abordar de manera integral, con perspectiva de protección al medio ambiente, pues existen otros factores que lo afectan como la destrucción por contaminantes de las fuentes superficiales, la extracción inconsciente e irresponsable en detrimento de los ecosistemas y el medio ambiente, así como el encarecimiento del agua potable por su embotellamiento y distribución por empresas privadas.

En la sesión también se aprobó un exhorto para las secretarias de Gobernación y Bienestar, Olga Sánchez Cordero, y María Luisa Albores González, respectivamente, para que se mantenga y reanude la aportación de los recursos federales a los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema.

El exhorto incluye también que se promueva la búsqueda de consensos para nuevas disposiciones que optimicen su funcionamiento, y que se cancele la opción de entregar de manera individualizada los apoyos financieros que estaban dirigidos a estos.