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ACAPULCO, Gro., 13 de octubre de 2020.- Reporteros de Iguala exigieron al gobierno federal y estatal, emitieron una alerta para exigir garantías de seguridad para ejercer su labor.
A través de un comunicado indicaron están en riesgo y si las autoridades no actúan al respecto, “en los próximos días podría ser asesinado alguno de nosotros”.
La misiva detalla que en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en dicho municipio, han sido amenazados por medio de llamadas y mensajes vía WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abuso de autoridad por parte de corporaciones policiacas.
Indicaron que la noche del cinco de octubre hubo una amenaza generalizada contra el gremio por parte de personas que se identificaron como integrantes de un grupo criminal, tras una protesta en la Fiscalía Regional.
“Con palabras agresivas y ofensivas, a varios nos amenazaron de muerte y nos exigieron ‘no meternos’ en la disputa que mantienen dos grupos del crimen organizado, acusando que la información que publicamos es tendenciosa. Ante esto, aclaramos que nosotros nos dedicamos estrictamente a informar”.
Lamentaron que advirtieron que en las próximas semanas algún comunicador sería asesinado como Pablo Morrugares, muerto a balazos el 2 de agosto.
“A algunos nos llegaron a decir que nos harían pedacitos y enseguida nos enviaron mensajes que contenían algunas fotografías en las que aparecemos, indicando que todos estamos ubicados. En algunos casos, también nos amenazaron con atentar contra nuestros familiares”.
En la cabecera municipal de Iguala, el día siete de Octubre del presente año, se registró una marcha por la paz por parte de ciudadanos y transportistas, a la que ya no se le dio cobertura por temor a las represalias que pudieran tomar los grupos delincuenciales.
“El silencio que se apoderó de Iguala, ese día representa una mordaza para los medios de comunicación, lo cual consideramos, es un hecho gravísimo sobre todo en una ciudad en la que hace apenas seis años, fueron desaparecidos 43 estudiantes, y donde las autoridades prometieron regresar la paz y la tranquilidad”.
Hicieron un llamado urgente a las autoridades de seguridad y de justicia para que garanticen el ejercicio periodístico, y evitar que haya otro comunicador asesinado.
Responsabilizaron al gobierno si algún comunicado sufre algún atentado en los próximos días, debido a la que ya se solicitó la garantía de integridad física para los reporteros y sus familias.
La solicitud está dirigida al residente de la república, Andrés Manuel López Obrador; al Fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, al gobernador, Héctor Astudillo Flores; al fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.
También a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a las organizaciones en Defensa de Periodistas y de Derechos Humanos.