ACAPULCO, Gro., 29 de agosto de 2020.- La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, así como el vicepresidente de esa organización, Julio Mata Montiel, coincidieron en que corresponde al gobierno de la cuarta transformación “demostrar su voluntad política para realmente conocer la verdad del paradero de todos los detenidos desaparecidos” en Guerrero.

En un boletín emitido a propósito del Día Mundial del Detenido Desaparecido y del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, que se conmemora cada 30 de agosto, advirtieron que desde 1960 y 1970 los gobiernos de entonces provocaron “terrorismo de Estado” y que la contrainsurgencia acumula a la fecha cuatro generaciones que exigen “verdad y justicia, reparación integral, medidas de no repetición”, pues tales exigencias se han negado, “minimizando, invisibilizando, escondiendo este flagelo que lacera no sólo a las familias, sino que lastima a toda la humanidad”.

Subrayaron que el país “vive una crisis humanitaria desde hace 50 años, expresada en un enorme grado de impunidad”.

Acusaron que el Ejército, como baluarte del poder sexenal, las policías estatales y federales, los grupos paramilitares entrenados y financiados desde diversas partes de las secretarías de Estado, son responsables de los asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de poblaciones en gran parte del territorio nacional.

Tan sólo en desapariciones forzadas, indicaron que el Estado mexicano reconoce más de 70 mil casos con denuncias ante Ministerio Público.

Señalaron que a pesar de las condenas internacionales, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), de organismos de protección de derechos humanos, y de haber firmado y ratificado tratados y convenios internacionales en la materia, las desapariciones forzadas no sólo no cesan, sino que van en aumento día con día.

En el comunicado añadieron que las familias de desaparecidas y desaparecidos tienen que salir a buscar a sus seres queridos, rompiendo las estructuras estatales por la negligencia de estas, dado que son los familiares quienes encuentran las fosas clandestinas, poniendo en evidencia el gran rezago que hay en México en prevención, protección, búsquedas, identificación, restitución digna, reparación integral y medidas de no repetición.

Denunciaron que los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “han sido sexenios criminales que han protegido a las corporaciones policiacas y militares, muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas sosteniendo la impunidad en México”.