CHILPANCINGO, Gro., 19 de mayo de 2019.- El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza consideró que vale la pena dialogar hasta “con el diablo” para que se viva en paz en Guerrero y México y se pueda tener futuro.

En entrevista este domingo tras el inicio de la reconstrucción del atrio de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, La Villita, el prelado fue abordado sobre la campaña nacional contra las adicciones anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la que dijo, se buscará un acuerdo de paz “con todos”, pues el diálogo es un instrumento de oro.

Expresó que en el caso de una amnistía debería ser restringida, desde su punto de vista, y no para los grandes capos que han “hecho tantas maldades”, sino para los considerados delincuentes menores, como los que algunas veces son detenidos por dedicarse a la siembra de amapola.

Consideró que en cuanto a una legalización de amapola, solo está de acuerdo en que sea para fines medicinales y no con fines lúdicos.

Para el obispo, el gobierno estatal es el responsable de que haya orden y disciplina en la entidad, pues la federación al estar muy lejos no conoce las situaciones, el terreno y cómo piensa los guerrerenses y a veces llevan a cabo actos que en lugar de ayudar perjudica, y en el caso de los ayuntamientos dijo que los alcaldes “tienen sus propios compromisos” y no pueden actuar.

Rangel Mendoza indicó que valdría la pena correr el costo político de lo que significaría poner orden en el estado, pues actualmente, dijo, se complace a todos para evitar conflictos mayores.

“Como dicen hay un costo político, vale la pena correr ese costo político. Guerrero tiene al menos dos antecedentes de Aguas Blancas que tuvo que salir el gobernador (Rubén Figueroa Alcocer), la desaparición de los 43 (estudiantes de Ayotzinapa), tuvo que salir el gobernador (Ángel Aguirre Rivero), y aquí lo que tienen miedo es que hay un brote, una masacre y aquí el costo político sería alto”, expresó.

Puso como ejemplo el caso de la sierra de Leonardo Bravo, del que dijo que en lo personal continúa en protesta, pues sus pueblos fueron invadidos desde el 11 de noviembre de 2018 y el gobierno trata de complacer a todos, pero los habitantes no han podido regresar.

El prelado dijo que hace falta voluntad política pues el gobierno actúa hasta que surge un conflicto como aseguró que ocurre en la comunidad Rincón de Chautla perteneciente a Chilapa, en donde circularon dos videos, uno de ellos donde se observa a niños que expresan que se adiestran contra la inseguridad, y fue hasta entonces que el gobierno se ha volcado.

“Es cuando quieren apagar el fuego las autoridades, pero creo que falta más sensibilidad con los pueblos y con los más necesitados, todo el estado tiene broncas y dificultades y creo que sentados en la cabecera de la capital desde un escritorio pues cómo van a gobernar ahí, yo refiero al secretario de Gobierno (Florencio Salazar Adame), sentado en el escritorio y tomando café en el centro las cosas no se solucionan”, señaló.

El obispo informó que en enero de 2019, cuando se vivió un enfrentamiento entre comunitarios de la CRAC-PC y un grupo delictivo con saldo de 12 muertos en Rincón de Chautla, él tuvo que intervenir para evitar una masacre mayor a petición del gobierno federal, pero optó por no dar más detalles, y precisó que sus acercamientos y diálogos con grupos se trata de su labor eminentemente pastoral.