Plantean que alcaldías se obliguen a garantizar derechos de juventud

ACAPULCO, Gro., 18 de marzo del 2020.-La diputada Blanca Celene Armenta Piza propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, a fin de otorgar facultades y obligaciones a los ayuntamientos para crear políticas públicas que promuevan y garanticen los derechos de los jóvenes, vinculando su participación activa en el desarrollo del estado en los ámbitos social, económico, político y cultural.

De acuerdo con un boletín, en su iniciativa, la legisladora de Morena argumenta que el gobierno municipal es el responsable, junto con otras instituciones del estado, del respeto y garantía de los derechos de las personas jóvenes, entre ellos el derecho a un ambiente sano, de identidad cultural, a la organización y la participación en asuntos de gobierno.

Señala que la Ley de la Juventud Guerrerense establece las obligaciones de los ayuntamientos de promover, fomentar e instrumentar políticas integrales de mediano y largo plazo en favor de este sector, tomando en cuenta sus necesidades en materia de empleo, capacitación para el trabajo, salud, sexualidad, educación, cultura y recreación.

En ese sentido, y en virtud de que existe una gran cantidad de jóvenes, se requiere que se les brinde una atención con responsabilidad y bajo un marco jurídico.“No puede ser realizada en forma improvisada y con enfoques parciales, para que las diversas necesidades de dicho sector sean consideradas en su totalidad, por lo que es necesario elaborar estrategias, programas y acciones específicos e integrales para todos los jóvenes en los cuales sean considerados como un grupo con amplio potencial de crecimiento y desarrollo”.

Por ello, mencionó la legisladora que “en un acto de estricta justicia con los jóvenes de Guerrero”, propone la reforma al artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, relativa a las facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de juventud y educación, para establecer un marco jurídico que permita crear planes, programas, políticas públicas que promuevan, respeten y garanticen sus derechos y contribuir a su desarrollo.

Además, plantea establecer disposiciones encaminadas para el desarrollo personal de los jóvenes tanto en educación como en estrategias para la capacitación, para crear oportunidades de empleo, la prevención a la violencia mediante actividades que contengan valores, actitudes y costumbres, para garantizarles su seguridad personal y jurídica, así como para evitar riesgos de acoso sexual, por lo que se incluyen temas de salud y educación sexual para prevenir infecciones de transmisión sexual.

Dicha iniciativa se turnó a la Comisión legislativa de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación correspondiente.