Plantean reforma para garantizar retorno seguro de menores a sus casas

ACAPULCO, Gro., 4 de marzo del 2020.- Para que el regreso de los alumnos a sus hogares sea seguro, los diputados Guadalupe González Suástegui (PAN) y Arturo López Sugía (MC) propusieron adicionar la Ley de Educación del Estado de Guerrero, para establecer protocolos de seguridad en escuelas de nivel básico y medio superior que impidan que los menores se entreguen a personas sin autorización de padres o tutores.

En la iniciativa que analiza la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local, los legisladores mencionan que hace unos días ocurrió un suceso que conmocionó a los mexicanos, el de la niña Fátima, el cual pudo haberse evitado.

Refieren que en la actualidad existen normatividades que obligan a velar por la seguridad de los menores, como el de la UNICEF, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley Número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero.

Sin embargo, manifiestan que actualmente no existe en la legislación local, específicamente en la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158, ninguna referencia a la protección de los menores desde el momento en que abandonan el centro escolar y en el trayecto a su domicilio.

“El caso de la niña Fátima nos muestra como sociedad mexicana lo mucho que nos falta por evolucionar; demuestra la falta de protocolos tan sencillos y de tanta obviedad, que el hecho de no haberse previsto hace que cualquiera estalle en coraje. Justas son las demandas, inaceptable fue la negligencia de las autoridades educativas encargadas, y aunque no haya ocurrido en Guerrero, es algo que como mexicanos nos duele y que como legisladores debemos atender, antes de que otra vida inocente sea brutalizada”, añaden.

Por lo anterior, consideran que es urgente que la Ley de Educación en el Estado cuente con protocolos que den seguridad a los menores, no sólo para dar la certeza de que existirán vías de protección de los niños en el regreso a sus hogares, sino para que, en caso de negligencia u omisión de dicho protocolo, existan argumentos para fijar responsabilidades directas dentro de un posible conflicto jurídico.

La propuesta señala que las autoridades educativas establecerán protocolos de seguridad para cerciorarse de que las niñas y niños se encuentren protegidos tanto en las instalaciones educativas como en el trayecto de regreso a sus hogares, así como proporcionar la información necesaria a los padres de familia para que en conjunto, Estado y ciudadanía, garanticen el bienestar de los menores.

Estas medidas de seguridad se aplicarán en los niveles básico y medio superior, y a los alumnos sólo se les permitirá retirarse por cuenta propia, previa autorización de los responsables de su tutela.