ACAPULCO, Gro., 30 de agosto de 2019.- Para el profesor de la Universidad de Michoacán, Salvador Maldonado Aranda la política de seguridad establecida por el gobierno federal no evitará la infiltración del crimen organizado en las instituciones pues, excluye mecanismos de comunidades remotas, donde no tiene presencia ni brinda seguridad.

El investigador pugnó por la aplicación de modelos de coproducción en seguridad, en los cuales participen los actores civiles, militares y todo aquel que brinda seguridad y conoce la dinámica de comunidades, sus mecanismos de organización económica y social.

El antropólogo presentó esta mañana su libro La ilusión de la seguridad, política y violencia en la periferia michoacana en el auditorio de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

“Se requiere comprender la dinámica de regiones donde se cultiva, donde se produce droga; se requiere (también) comprender la dinámica de la delictividad en regiones agroindustriales que son de otro tipo; y creo que esos enfoques no están en una iniciativa federal, basada fundamentalmente en el funcionamiento de la Guardia Nacional”, criticó.

Señaló que el gobierno federal tampoco ha dicho qué ha hecho ante los tipos de criminalidad, pues se ha limitado a ver la violencia hacia los actores y la sociedad civil, sin considerar que “las redes de la criminalidad rebasan al Estado en esos territorios”.

Se requiere un modelo abierto de seguridad

“Uno esperaría que con la política nacional de seguridad, se construya un modelo más abierto de seguridad, que contara un concepto de coproducción de seguridad”, comentó en entrevista.

Opinó que gran parte de la problemática que enfrentan las autoridades “es la necedad de construir una política nacional de seguridad desde la perspectiva del Estado”, excluyendo el aporte de grupos sociales en ella.

“En el mundo se habla de una coproducción de seguridad y lo lamentable es que cuando la sociedad no puede participar en ello, es que la actuación de grupos como policías comunitarias, guardias o civiles armados, son identificados como fuera de la ley, sin comprender las necesidades, porque hay regiones tan alejadas que la representación del Estado no llega, pero cuando lo hacen, es sólo para aprehender gente, destruir cultivos o causar daños a la sociedad”, argumentó Maldonado Aranda.

Continuó: “Tenemos que buscar alternativas de seguridad que puedan relativizar, ayudar a generar esquemas menos centralizados de la seguridad pública del Estado. La implementación de la Guardia Nacional apenas comienza y hay poca experiencia en algunas regiones y lo que se necesita es un monitoreo de estos grupos civiles, establecer mecanismos de transparencia, de reclutamiento, o mecanismos de revisión, protocolos de actuación en constante diálogo y eso no sólo corresponde al Estado sino a la sociedad civil, pero para ello debe haber esquemas de coproducción, de lo contrario no avanzará el diálogo, pese a la necesidad de seguridad local”.

Diálogo entre todos

Propuso dialogar con diferentes grupos civiles para lograr esquemas de seguridad que beneficien a las comunidades más alejadas de las ciudades, de lo contrario, la visión centralista del actual gobierno federal, invalidará otras expresiones.

Advirtió que si existe insensibilidad para reconocer problemáticas de localidades muy aisladas y que han padecido ciclos de violencia extrema intermitentes, eso no se puede lograr un diálogo al declararlos al margen de la ley.

“Partimos de una visión monolítica, centralista, y muy homogénea que no puede caber en México, pues hay otro tipo de experiencias que han mostrado éxito como en África, donde hay guardias comunitarias transparentes, con mecanismos de autorregistro, monitoreo civil y oficiales”, expresó.

Si bien, su libro no aborda la región Tierra Caliente, señalada como una de las más violentas por los tres órdenes de gobierno y como una de las fronteras interestatales del país, en la cual hay disputa de territorio por miembros del crimen organizado, el investigador destacó que la conexión no se limita a la dinámica de criminalidad, sino en núcleos poblacionales que buscan mayor protección.

Explicó que en su libro, reconstruyó casos de cómo el crimen organizado ha logrado penetrar partidos políticos y a diferentes órdenes del gobierno, mismos que han sido expuestos por medios de comunicación locales.

“Esto tiene que ver en cómo se interrelacionan cuestiones rurales con la política local, y esto tiene que ver en los lugares donde hay cultivos de droga, y esto tiene que ver con cómo se gestiona la seguridad, que tiene que ver en las gestiones y la política, de cómo se plantean esquemas de vigilancia y de cómo se relacionan los grupos”, dijo.