CIUDAD DE MÉXICO, 1 de noviembre de 2016.- La política prohibitiva y de control de drogas en México, particularmente la estrategia de “combate frontal” al narcotráfico, promovida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ha derivado en el incremento en el número de homicidios en los últimos años.

El año 2011 se ubicó con el mayor número de víctimas registradas –con aproximadamente 27 mil– pero a pesar del paso de los años, el número de víctimas mortales sigue siendo elevado, ya que se ubican cerca de 20 mil decesos cada año subsecuente.

De esta forma concluye un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República que señala, además, que la política de prohibición y penalización del cultivo de las diversas drogas ha derivado, entre otros fenómenos, en la criminalización de los campesinos y en su encarcelamiento, profundizando la situaciones de pobreza que se viven en el área rural. “Aun cuando los campesinos imputados tenga escasa, educación formal y, vivan en extrema pobreza, el Código Penal Federal les impone una sanción de uno a seis años de prisión”, reconoce el estudio.

Asimismo, el marco jurídico en nuestro país provoca que la mitad de las personas procesadas por delitos del fuero federal sean acusadas de delitos en materia de narcóticos, con un 52 por ciento, seguido de los ilícitos relacionados con uso de armas de fuego, con 28 puntos porcentuales.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que de 1997 a 2012, el número de personas procesadas penalmente por delitos en materia de narcóticos, en ambos fueros, se ha incrementado en forma importante, toda vez que mientras a finales de la década de los años noventa, se procesaban alrededor de 11 mil personas, 13 años después la cifra alcanza cerca de los 25 mil, poco más de un 100 por ciento de incremento.

Además, deja ver que el uso de la prisión preventiva es uno de los aspectos más punitivos de la política de control de drogas, ya que nueve de cada diez personas acusadas de cometer delitos sobre uso o posesión de narcóticos en el fuero federal, reciben auto de formal prisión, es decir, deben enfrentar las acusaciones y llevar los respectivos juicios en reclusión (a pesar de ser jurídicamente inocentes hasta que se pruebe lo contrario y sean declarados culpables).

En tanto, el 10 por ciento restante sale libre, ya sea por falta de elementos para procesarlos, por sobreseimiento de sus caos o por dictarse su libertad absoluta.

Así las cosas, la información recabada ha revelado también que un gran número de jóvenes, de 18 a 25 años, son enviados a prisión acusados de cometer delitos de narcóticos.

Como ejemplo citó que en 2012 ingresaron aproximadamente 19 mil personas acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico, de los cuales una de cada tres se encontraba en ese rango de edad.

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