CHILPANCINGO, Gro., 23 de septiembre de 2018.- Diputados locales de Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir la reciente reforma al artículo 14 de la Constitución de Guerrero, porque consideran que es una medida regresiva que atenta contra el derecho a la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas.

Mediante un comunicado, la fracción parlamentaria de Morena informó que el recurso presentado obliga a las autoridades a llevar a cabo todas las acciones que resulten necesarias para lograr gradualmente una mejora sustantiva en la tutela, ejercicio y garantía de los derechos fundamentales, y les prohíbe restringir o imponer medidas regresivas que impliquen una disminución en el disfrute de los derechos.

El coordinador de los morenistas, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros dijo que para ese partido la reforma realizada al finalizar la 61 Legislatura limita injustificadamente el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sus propias formas de convivencia y organización internas, a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos reconocidos en la Constitución.

“Con la reforma aprobada el pasado 27 de julio, se desconocen los avances en el reconocimiento de sus derechos contraviniendo el marco Constitucional, la supresión del reconocimiento de las policías comunitarias o rurales del artículo 14 de la Constitución del Estado de Guerrero, constituye una medida regresiva, que atenta contra el principio de progresividad del derecho a la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas”, indicó.

Dijo que los diputados del grupo parlamentario de Morena tienen un compromiso para que los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos sean respetados y garantizados en la Constitución.

Expresó que confían en que ganarán el recurso porque se basa en criterios sentados por órganos jurisdiccionales federales que establecen la posibilidad de los poderes legislativos federal y locales para proteger de manera más amplia el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales.