Presidente decidirá sobre recursos obtenidos por extinción de dominio

CIUDAD DE MÉXICO,  31 de julio de 2019.- Apenas la semana pasada en sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual, entre otros aspectos, incluye la transformación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el Instituto de Administración de Bienes y Activos, descartando por completo la propuesta presidencial de llamarlo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En ese sentido, prevé la creación de un Gabinete Social de la Presidencia de la República, el cual se encargará de evaluar y determinar la asignación o trasferencia de bienes sujetos a extinción de dominio por estar relacionados con ilícitos, así como los que sean asegurados, abandonados o decomisados en procedimientos penales.

De acuerdo con la legislación, este Gabinete Social sería presidido por el jefe del Ejecutivo e integrado por secretarios de Estado, lo que le da amplio margen de maniobra al presidente López Obrador sobre los recursos que se obtengan por la venta o enajenación de bienes, inmuebles, objetos y toda clase de propiedad que sean incautados a quienes hayan cometido alguno de los ilícitos señalados en la Ley.

Asimismo, estará integrado por los titulares de las secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Educación, Salud, del Instituto de Administración de Bienes y Activos así como los directores del IMSS, ISSSTE, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Sin embargo, también podrán ser convocadas otras secretarías de Estado, siempre y cuando vayan a participar en la repartición de lo obtenido a través de procesos de extinción.

En cuanto a los recursos que se obtengan, estos deberán ser enviados a un Fondo de Reserva previsto por el Instituto, a fin de restituir lo que determine un juez a través de una sentencia firme, y que no podrán ser mayores al 10 por ciento del producto de la venta.

De acuerdo con la ley, el llamado Gabinete Social recabará información sobre los bienes extinguidos, así como las características y coyuntura política y social que los rodeen, a fin de determinar su destino o bien, su destrucción.

De igual forma, será el encargado de elaborar una relación de los bienes extintos, asegurados y decomisados en procedimientos penales, que puedan ser asignados en provecho del interés público.

Este Gabinete tendrá la facultad de definir el destino de los bienes extintos, asegurados y decomisados, y que serán utilizados para programas sociales, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas prioritarias del Gobierno federal.

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