Promulga Peña las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2016.- Finalmente, casi un mes después de cancelar su promulgación, este lunes el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto por el que se pone en marcha las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno de la República con la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

En un evento realizado en el Patio de Honor del Palacio Nacional, ante los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Jesús Zambrano Grijalva y Roberto Gil Zuarth, respectivamente, se instruyó a los servidores públicos de todos los niveles que se sumen a este esfuerzo y a su implementación.

Ante la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se celebró que por la suma de esfuerzos con la sociedad civil, academia, sector privado y legisladores, México cuenta por primera vez en su historia con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Tras ser aprobada por el Congreso de la Unión, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que abrió paso al SNA como una instancia que coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.

El pasado 24 de junio, el Ejecutivo federal hizo uso de su facultad de veto y devolvió al Senado de la República observaciones parciales, así como propuestas de modificación, a los artículos 3o, 4o, 27o, 30o, 32o, 33o, 37o, 46o, 73o y 81o de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En un Periodo Extraordinario de la 63 Legislatura, se aprobaron siete paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción, los cuales regulaban la obligación de los particulares (personas físicas y morales) que reciben o ejercen recursos públicos, o contratan con el Estado, de presentar declaraciones de patrimonial y de intereses, y la forma de dar cumplimiento a dicha obligación.

Además, las sanciones correspondientes por no presentar las declaraciones y trascendencia de una sanción de una persona moral a otra.

En sus observaciones, Peña Nieto planteó eliminar estos cuatro contenidos, pues tras reunirse con el sector empresarial, se consideró que violentaban los derechos humanos a la vida privada y la protección de datos personales de los particulares.

Dichas, modificaciones tienen el objetivo que las cargas que se impongan a los particulares sean racionales, proporcionales y atiendan a supuestos específicos, como los previstos en el artículo 45o de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La nota en Quadratín México.