Propone MC agregar 6 agravantes al delito de extorsión en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., 24 de junio de 2016.- La fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el congreso de Guerrero propuso una reforma el artículo 244 del Código Penal del Estado para agregar seis agravantes más al delito de extorsión en Guerrero.

La iniciativa leída en el pleno este jueves por el coordinador del MC Ricardo Mejía Berdeja, se justificó en el sentido que en la entidad se han incrementado las extorsiones como consecuencia de las denominadas conductas de “cobro de piso”, en donde incluso las empresas constructoras que realizan obra pública han sufrido este delito y llegan a paralizar la obra pública en perjuicio de la ciudadanía.

Este delito, señaló la iniciativa, también la han enfrentado los maestros y permisionarios del transporte público, debido a que integrantes de la delincuencia organizada les piden una determinada cuota o de lo contrario amenazan con generarles un daño en su vida.

La propuesta de MC se sustentó en e cifras del  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que afirmó que en la entidad durante enero de 2015, sólo se denunciaron 144 delitos de extorsión y en este 2016, se desconoce la cifra porque no se denuncian jurídicamente, sólo en los medios de comunicación.

Por lo anterior, los diputados de Movimiento Ciudadano propusieron que el delito de extorsión debe ampliar sus agravantes y deber ser: aquel sujeto activo que por cualquier medio, como integrante de una banda o agrupación delictuosa, cometa en contra de persona menor de 18 años, contra una persona con discapacidad, un migrante, mayor de 70 años, indígena, o mujer embarazada, aquel que emplee violencia física o psicológica, el que lo realice desde el interior de un reclusorio o centro de reinserción social.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

La extorsión calificada como actividad delictiva y de acuerdo con el artículo 243 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, la define “a quien  obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro indebido para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y de 250 a mil 500 días multa”.

Recientemente en el puerto de Acapulco, el restaurante Acapulco mi amor anunció públicamente que cerraba sus puertas debido a extorsiones. En el caso de Chilpancingo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón ha denunciado que en lo que va de 2016, más de 35 empresarios han abandonado la ciudad por que han sido víctimas de alguna extorsión o en su defecto por temor a ella.