ACAPULCO, Gro., 27 de septiembre de 2016.- Por unanimidad, regidores de las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas rechazaron que el Ayuntamiento del puerto absorba como deuda pública una sanción por 48.4 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impuso al ex alcalde Alberto López Rosas por desvíos cometidos durante su administración en el periodo 2002-2005.

Como informó Quadratín Guerrero al ex alcalde se le requiere reintegrar el dinero desviado en el año 2004 hacia acciones que no beneficiaron a la población en extrema pobreza como indica la Ley de Coordinación Fiscal.

En el dictamen que de manera conjunta realizaron a la solicitud que el actual coordinador de asesores del presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre, hubo unanimidad de los 14 regidores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentes en la sesión y que duró aproximadamente tres horas.

La panista Gloria María Sierra López señaló que “existe un claro conflicto de interés”, pues cuando López Rosas asumió como funcionario del actual gobierno ya sabía que estaba sancionado por Hacienda e incluso había solicitado que su multa fuera considerada deuda pública a la anterior administración.

También que incurre en tráfico de influencias al ser funcionario del gobierno municipal al que solicita el pago de un adeudo de carácter personal con el fisco y haber demandado al Ayuntamiento en el que trabaja, en un juicio administrativo.

El priísta Luis Miguel Terrazas Irra  señaló incluso que la fracción de su partido “vamos a pedir su renuncia”, debido a esa situación, y consideró además que se está salvaguardando las finanzas municipales ya que el Ayuntamiento enfrenta serios problemas económicos.

Dijo que al Cabildo no le corresponde revisar las 26 obras donde Hacienda detectó los desvíos del ex alcalde, debido a que la solicitud de éste es que se dictamine si se absorbe o no el pago como deuda pública, lo cual, dijo está fuera de la Ley.

Brigida Trani Torralva, también del PRI, dijo que la sanción de Hacienda es de carácter personal y por lo tanto no es responsabilidad de la presente administración pagarla.

“Cada quien es responsable de la administración de los recursos federales en su periodo”, dijo, y por lo tanto es López Rosas quien debe hacer frente al problema.

En el mismo tenor el perredista Amílcar García Estrada expresó que su voto fue también en contra debido a que se trata de una deuda personal y no institucional.