ACAPULCO, Gro., 11 de junio de 2016.- Elvira Contreras Ramírez y sus dos hijos han vivido un “infierno” desde la noche del 4 de noviembre del 2014, cuando su pareja y padre de sus niños, Adtzadai Hernández Cristóbal, fue presuntamente asesinado por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la comunidad de Pénjamo, municipio de Coyuca de Benítez.

En entrevista,  Elvira Contreras relata que su pareja era agente de la Policía Investigadora Ministerial y por ello había sido enviado a Costa Grande con la promesa de lograr la comandancia, pero su carrera se vio truncada esa noche de noviembre del 2014, cuando salió a patrullar junto con otros dos compañeros y al llegar a un paraje, fueron recibidos a balazos por militares que se encontraban vigilando el lugar.

Adtzadai Hernández, de 28 años de edad, fue auxiliado por una ambulancia de la Cruz Roja,  sin embargo perdió la vida a causa de las heridas de bala, que según el dictamen pericial, se trató de una 7.62 milímetros disparada por un arma de uso exclusivo del Ejército.

La viuda, siempre acompañada de su abogado Omar Benito Valdovinos Salmerón, relata que no sólo vive con la inesperada y dolorosa partida del padre de sus hijos, sino que también teme que el Ejército pueda atentar en su contra o la de su familia, ya que seis militares son investigados en la averiguación previa PGR/GGO/ACA/III/1306/2014, por el delito de homicidio en agravio de Adtzadai Hernández, quien fungía como coordinador habilitado el día en que fue asesinado.

El defensor indicó que hay desinterés por parte de la PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para resolver el caso y que Contreras Ramírez teme por su integridad desde que se negó a recibir el cheque por 350 mil pesos y la carta convenio que le ofreció la Sedena para desertar del caso.  Además hay patrullajes constantes por su domicilio ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde vive con su suegra y sus dos hijos.

Ambos indicaron que en varias ocasiones, efectivos del Ejército han ido a su hogar a preguntar por ella, pero sin informar el motivo por el que la buscan.

El abogado explicó que hay dos amparos en contra de PGR por la falta de actividades en la investigación, el 82/2015 y el 29/2016, ya que “la PGR ha entorpecido la investigación y pretende mandar el expediente a reserva”.

En entrevista para Quadratín Guerrero, Elvira Hernández mencionó que es desempleada y que mantiene a su familia vendiendo comida y haciendo trabajos de limpieza.

Asimismo dijo que no es que no necesite el dinero de la indemnización sino que lo que más desea es que se haga justicia y se castigue al o los responsables de la muerte del padre de sus hijos.

“Yo no quiero dinero, yo quiero todo, quiero que castiguen a quienes lo mataron e indemnicen. Me dijeron que aceptara los 350 mil, que porque iba a ser muy largo el proceso. No importa eso porque yo lo que quiero es justicia”, exclamó con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, mientras abrazaba a su hijo menor, quien tenía tan sólo cinco meses de vida cuando su padre fue asesinado.