CHILPANCINGO, Gro., 15 de septiembre de 2021.- El integrante de la asociación de abogados laboralistas del estado de Guerrero, Carlos Marx Barbosa Guzmán, se quejó de que “Guerrero sea el único estado del país donde las juntas de conciliación y arbitraje, así como el Tribunal de Conciliación, continúen cerradas con el argumento de la pandemia de Covid” y que, debido a que ambas instancias continúan cerradas, se hayan frenado 27 mil asuntos pendientes de carácter laboral.

Consultado por Quadratín, el abogado laborista reprochó que en el estado las juntas de conciliación y el Tribunal de Conciliación cumplan 18 meses cerradas, a diferencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,  con sede en Acapulco, que ha reabierto sus puertas para el desahogo de demandas.

Barbosa Guzmán expresó que la falta de apertura de las juntas locales y del Tribunal es una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque se está frenando el acceso a la justicia.

Precisó que en el caso de las juntas locales se tienen pendientes 13 mil asuntos y 14 mil en el Tribunal de Conciliación. Además, señaló que de marzo de 2020 a la fecha, se han acumulado mil 200 asuntos de carácter laboral que han sido admitidos por las juntas pero se carece del debido proceso.

Estimó que tan solo en Chilpancingo, la falta de actividad de la junta y del Tribunal laboral afecta a más de mil abogados, que han emigrado de la ciudad o se han empleado en otros trabajos.

Barbosa Guzmán lamentó que en Guerrero ningún diputado local ni federal se haya pronunciado para la reapertura de las oficinas. Dijo que la asociación que él representa tuvo que recurrir a la diputada federal de Chihuahua, Susana Prieto Terrazas, y este martes propuso un punto de acuerdo al Congreso de la Unión para pedir al gobernador Héctor Astudillo agilice la reapertura de las juntas.

El abogado y la diputada Susana Prieto coinciden en un documento que el gobierno del estado “no ha movido ni un dedo para reincorporar la actividad jurisdiccional y la impartición de justicia en materia laboral”.

La demanda es que en Guerrero se reactiven las juntas de conciliación porque han detectado incidentes por parte de empresas privadas que se aprovechan de los trabajadores obligándolos a laborar horas extra sin sueldo, amenazas laborales e incluso despidos, y el trabajador no cuenta con respaldo porque no existe una procuraduría de justicia.