CHILPANCINGO, Gro. 5 de enero de 2015.- Conforme a El Sur de Acapulco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó nuevamente al estado de Guerrero con una calificación de 4.8 (peor que la del 2012) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, en el que fueron inspeccionados los reclusorios de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Taxco, todos con problemas de sobrepoblación.

 

En el diagnóstico, publicado en el portal web del organismo, se informa que Guerrero ocupó el lugar número 13 a nivel nacional en garantía de la integridad física y moral del interno, garantía a una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos.

 

Además de los problemas de hacinamiento, la CNDH identificó problemas de gobernabilidad, toda vez que en su interior existen áreas privilegiadas, sustancias y objetos prohibidos, e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población, además de prostitución.

 

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco obtuvo una evaluación de 4.63, el de Chilpancingo tuvo 5.11, el de Iguala 4.64 y el de Taxco 4.83. El promedio total para la entidad en materia penitenciaria fue de 4.8, calificación inferior a lo que obtuvo en el 2012 que fue de 5.07.

 

La CNDH dedujo que no existen condiciones para garantizan la integridad física y moral del interno, ya que existen problemas de sobrepoblación y hacinamiento (número de internos que rebasan la capacidad instalada de la celda).

 

El organismo identificó que existe prostitución; hay custodios que cobran a los internos para la asignación de planchas para dormir, el mantenimiento de los dormitorios, uso del teléfono y para no cumplir las sanciones administrativas.

 

Hay internos que también cobran a sus compañeros recluidos por esas facilidades, pero además hacen lo mismo por medicamentos, protección, acceso a actividades laborales, educativas y deportivas. Incluso hay actividades propias de las autoridades penitenciarias que son controladas por los internos, como es el caso de los servicios de alimentación, mantenimiento, visitas y uso de los teléfonos, sin mencionar que existen “áreas privilegiadas, sustancias y objetos prohibidos, e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población”.

 

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