IGUALA, Gro., 18 de noviembre de 2014.- Familiares de víctimas de desapariciones forzadas en el estado de Guerrero mostraron su repudio y desconfianza hacia la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que “lejos de ayudar a los ciudadanos que se han atrevido a denunciar formalmente, los han perseguido con mano dura”, acusan.

 

Fue en un punto de las 11 de la mañana cuando un grupo de aproximadamente 100 familiares de víctimas de plagios en Guerrero (principalmente en la región norte de territorio) se dieron cita en la Iglesia de San Gerardo con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la policía comunitaria del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) y la agrupación Ciencia Forense Ciudadana (CFC), ello para expresar su deseo por eludir cualquier tipo de acercamiento con las autoridades federales, dado que “participaron en el plagio de sus seres queridos”.

 

Se trata de un segundo encuentro organizado por la activista Julia Alonso Carbajal, líder de la CFC y quien desde el 12 de enero de 2008 perdió la pista de su hijo Julio Alberto López Alonso cuando este partió del puerto de Acapulco hacia la ciudad de Monterrey.

 

En la reunión hubo además ciudadanos de Iguala que han decidido organizarse para exigir al gobierno seguridad y paz en el municipio, así como la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa (desaparecidos por orden del presidente municipal en turno, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda de Abarca).

 

En ese sentido, el comandante Miguel Ángel Jiménez Blanco, quien encabeza la policía comunitaria del SSJC, pidió a los familiares de los levantados que “dejen el miedo atrás y den el paso de la organización”, advirtiendo que “esta es la única manera en que las autoridades actúen en cada uno de los casos”.

 

Explicó que en su pueblo, ubicado en el municipio de Acapulco, “surgió la policía comunitaria debido a la fuerte presencia que había de grupos del crimen organizado que presionaban a los jóvenes y adolescentes para unirse a ellos obligándolos a robar, secuestrar o matar. Yo decidí actuar en contra de la delincuencia y formar la policía comunitaria de Xaltianguis cuando una vez intentaron secuestrarme a mi hijo. Ahí dije que eso sí no lo iba a permitir. Nosotros sabíamos que esas lacras (los criminales) obligaban a los muchachos a meterse con ellos y les enseñaban a secuestrar, a matar”, espetó el comandante Jiménez Blanco.

 

 

Horror a la prueba de ADN

 

Sin ser invitados por quienes organizaron este segundo encuentro, llegaron representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) con la intención de empezar a aplicar pruebas ADN a los familiares de víctimas de desapariciones forzadas, lo que trajo el descontento de los presentes.

 

Las autoridades ministeriales tenían contemplada la entrega de cien formatos para las 500 pruebas de ADN que aplicará gratuitamente la Universidad de Durham de Inglaterra ante la gestión de CFC, ello para facilitar la identificación de los cadáveres hallados en fosas a lo largo y ancho de Iguala.

 

La semana pasada se habían entregado ya los primero cien formatos, con lo que sumarían ya 200 solicitudes en trámite.

 

De forma paralela, un grupo de 7 especialistas de la Procuraduría General de la República llegaron hasta la Iglesia de San Gerardo donde se desarrollaba el encuentro para iniciar con la recepción de información de las decenas de casos e iniciar con la aplicación de pruebas ADN. Muchos de los presentes decidieron aceptar la ayuda pero, muchos más se negaron.

 

Al inicio, varios familiares de víctimas pidieron el micrófono para expresar su negativa a que la PGR intervenga en la búsqueda de sus seres queridos. Algunos argumentaron que no denunciaron por miedo al crimen organizado y su colusión con las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que hoy tampoco estaban dispuestos a denunciar formalmente.

 

En el caso de quienes si denunciaron advirtieron que lejos de recibir apoyo de la autoridad y que les informaran del paradero de sus familiares, fueron perseguidos y hostigados.

 

“Yo vengo a que me tomen los datos de ADN y todo, yo no quiero nada de denuncia ni nada. Solo quisiera que encuentren a mi familiar y que sea lo que Dios quiera pero no quiero exponer más a mi familia ni a nadie. No quiero nada con la PGR, solo quiero dejar en ustedes mis muestras y hasta ahí”, expuso una mujer de aproximadamente 45 años.

 

La secundó otra anciana de cabello cano totalmente: “no queremos denuncias, por lo único que venimos aquí es por hacer un llamado de auxilio a ustedes (los organizadores). Confiamos mucho en Dios, él sabe lo que hace y nomás queremos que ustedes nos ayuden”.

 

 

Los escondidos de Iguala

 

Una joven que usaba gorra tratando de cubrir un poco el rostro, alzó la voz: “nosotros sí levantamos denuncia ante el Ministerio Público (MP), ante Derechos Humanos y nada más nos tuvieron así, nos andaban investigando a nosotros, (investigaban) a qué nos dedicábamos, qué hacíamos, a qué hora llegábamos (a casa)”.

 

Aquella joven lloró frente a todos al verse hundida en el dolor y la desesperación. “Íbamos a las oficinas y nos tenían horas sentadas ahí y nunca dieron una respuesta. Por eso nosotros al igual que las señoras no queremos ni confiamos en las autoridades porque las personas que se llevaron a mi hermano fueron los policías”, agregó.

 

“Hay testigos que (vieron) los policías se llevaron a mi hermano y otros muchachos en un retén, por eso nosotros no queremos ningún contacto con las autoridades. Por eso vamos a confiar en usted señora”; dijo casi gritando sus reclamos la joven mujer, dirigiendo la mirada a la activista Julia Alonso.

 

Otra señora de aproximadamente 55 años de edad remató: “yo no quise demandar ni nada de que se llevaron a mi hijo, solamente yo confío en Dios para que aparezcan nomás así, gracias a ustedes que nos están ayudando pero tenemos miedo para ya no confiar en nadie”.

 

Una mujer sentada al centro de la sala de reunión mostraba en todo momento la fotografía de un joven de aproximadamente 17 años de edad. Tomó el micrófono en cuanto pudo para suplicar ayuda: “a mí hijo lo obligaron a que se fuera con ellos (los criminales), por eso yo no quiero nada, solo saber si mi hijo está vivo o muerto, yo lo quiero ver”.

 

“Yo levanté un acta, fui al Ministerio Público, me mandaron a Chilpancingo (la capital de Guerrero) y no me dieron ninguna respuesta. Yo estuve yendo cada ocho días a Chilpancingo para ver cómo avanzaba la investigación pero yo no vi ninguna respuesta, solo dijeron que el teléfono de mi esposo estaba activado pero nunca lo rastrearon”, explicó otra persona.

 

Esta mujer que usa grandes anteojos, aclaró que no quiere denunciar ante la PGR ni que intervenga en el caso de su esposo, por temor a que le hagan algo a su hijo de 18 años. Evidentemente dolida, ahogada en llanto, explicó que su esposo desapareció el 29 de abril del año 2012 y que, “pensamos que podría estar en las fosas que apenas encontraron (en los alrededores de Iguala).

 

Cabe destacar que la organización de los familiares de desaparecidos de municipios como Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco, Teloloapan, Cocula y Apipilulco, surgió tras la ejecución y desaparición forzada de la que fueron víctimas 3 y 43 estudiantes respectivamente, de la normal rural de Ayotzinapa en esta Iguala.

 

Muchos familiares de víctimas de las autoridades mexicanas y la delincuencia organizada, han aclarado que no son solo 43 familias las que sufren, sino miles que desconocen el paradero de algún ser querido.