CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre de 2018.- La bancada de Movimiento Ciudadano refrendó el guiño al proyecto de gobierno del presidente electo, para reformar el artículo 83 de la Constitución Política, y poner fin a la naturaleza irregular y extralegal del Acuerdo Presidencial 2763-BIS que otorga pensiones a los ex presidentes de la República.

En presentación de la iniciativa, la senadora Verónica Delgadillo reiteró lo expresado por el coordinador del Grupo Parlamentario, durante la Sesión del Congreso General cuando se inauguraron los trabajos de la 64 Legislatura: “Andrés Manuel López Obrador, aquí están nuestros votos para eliminar las pensiones millonarias que reciben los ex presidentes y ponerle un alto y los lujos de la clase política”.

Desde la tribuna, en sesión ordinaria de este jueves, la legisladora Ciudadana refirió que a los ex mandatarios se les otorgan 205 mil pesos al mes, se les paga el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el teléfono, la gasolina, transporte y asesores, privilegios que cuestan a los mexicanos cerca de 200 millones de pesos al mes.

En su exposición, dijo que ninguno de estos privilegios tiene sustento de ley ni en la Constitución, sino que inició con Miguel de la Madrid y luego con José López Portillo cuando se firmaron estos acuerdos extralegales.

Pero también Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón continuaron y aumentaron esta clase de prebendas.

La senadora de Movimiento Ciudadano señaló que no basta con prometer que ya no se firmará el acuerdo para cancelar este privilegio a quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo, sino que se debe establecerse en la Ley.

Para que un acuerdo presidencial tenga validez, subrayó que tiene que ser firmado por el presidente en turno, por un secretario de Estado y ser publicado en el Diario Oficial de la Federación; procedimiento que no cumplió con dichos criterios.

La propuesta adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución y establece que los ex Presidentes sólo gozarán de las prestaciones en materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la Constitución y en la ley en la materia.

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