Ruffo, en la estrategia de comunicación

Ya académicos, constitucionalistas y analistas políticos han demostrado, con las propias declaraciones de la presidenta Sheinbaum Pardo, en sus comparecencias mañaneras, que en el caso de Ernesto Ruffo (Ensenada, 1950), hoy preso en la cárcel de alta seguridad del Altiplano, todavía antes de ser juzgado, viola los principios jurídicos, consagrados en la Constitución, de “presunción de inocencia” y “debido proceso”.

A la presidenta en el caso de Ruffo, el cumplimiento a la Constitución, a la que está obligada, no le interesa, ella sabe muy bien que no se trata de un caso jurídico sino estrictamente político y de comunicación. La Fiscalía General de la República (FGR) está totalmente supeditada a la presidenta, y es ella la que decide este arresto, para todos los días llevarlo a su comparecencia mañanera.

En los últimos meses, la presidenta ha estado presionada por el tema de la evidente implicación de Morena e integrantes de su gobierno en el negocio del huachicol y el uso de este recurso ilegal en el apoyo a las campañas electorales de su partido, y necesitaba un tema, que le permitiera salirse de esa presión e intentar imponer la agenda mediática, lo que no ha podido hacer desde hace muchos meses, para solo reaccionar a la agenda que le imponen otros actores de la vida pública nacionales e internacionales.

La figura de Ruffo, personaje histórico por haber sido en 1989, el primer político de la oposición que ganaba una gobernatura, la de su estado, Baja California, que lo hizo como militante del PAN, que ahora no lo es, cumplía una serie de requisitos que en la estrategia político-comunicacional de la presidenta le eran rentables: que se le identificaba como panista, que era de Baja California, donde hay graves acusaciones en contra de la gobernadora de Morena, y que estaba ligado a una empresa de importación de combustibles.

Con el caso Ruffo, lo que la presidenta pretende, como parte de su estrategia político-comunicacional, posicionar en la agenda pública que no solo en su partido y su gobierno están relacionados con el delito del huachicol, sino que también los políticos de otros partidos y que eso no es nuevo sino se ha hecho desde años atrás. Lo que pretende es que ese tema no influya en la imagen de su partido y gobierno de cara a las elecciones de 2027 a partir de posicionar que todos los partidos y políticos son iguales.

El caso de Ruffo, ahora un componente en la estrategia político-comunicacional de la presidenta, lo seguirá llevando a sus comparecencias mañaneras sabiendo que viola los principios jurídicos, consagrados en la Constitución, de “presunción de inocencia” y “debido proceso”. Y lo continuará haciendo mientras ella y sus asesores de comunicación consideren que el tema les es rentable, y les permita fijar la agenda mediática, y transferir, la culpabilidad del delito del huachicol, a los otros actores políticos en México.

@RubenAguilar