Satiricosas/Manú Dornbierer

Periodismo=historia

México neoliberal, Salinas y sus títeres

Estoy por terminar un libro de la colección Cuadernos de Satiricosas que se llama “México Neoliberal, Salinas y sus títeres”. Como sus antecesores, pretende capturar la máxima información, basado en mi divisa PERIODISMO=HISTORIA. Y me encuentro cada cosa… La historia no cabe duda se repite, por ejemplo la necedad de construir a fuerza un aeropuerto enorme con inmenso centro comercial en donde no se puede o la gente no quiere, aeropuertos carísimos que pagaríamos toda la vida todos los mexicanos, como pagamos el Fobaproa, rescate de los bancos de Salinas y Zedillo.

Hay gente como los empresarios “Claudios X” González, el papá en tiempo de La Madrid, y el hijo hoy, que siguen luchando tenazmente por causas perdidas y repudiadas, pero no porque piensen en el bien del país, sino de sus bolsillos. A Claudio X González al servicio de Miguel de la Madrid Hurtado , ese presidente no tan gris como se cree, que le dio la posibilidad de unirse con gringos para fabricar en El Bajío pañuelos de papel, empresa que se chupa el agua de toda región (yo no compro nunca Kleenex, sólo cualquier servilleta de papel blanca) y ahora sigue el hijo Claudio X el mismo camino de papi, luchando CON MUCHO DINERO por el cancelado aeropuerto del Lago, huele mal, muy mal ¿qué le van a dar a él?

FOX: MAS LE VALDRÍA CALLARSE

Pero volviendo al tema “locos y carísimos aeropuertos hipernegocio”, en tiempos de Fox, el gobernador mexiquense Arturo Montiel, tío de Peña Nieto -y luego él mismo-, también hubo un gravísimo asunto “de aeropuerto”. A principios de mayo del 2006 Fox quiso expropiar una gran zona agrícola del Estado de México, pagando siete pesos por metro cuadrado, y se sublevaron los agricultores mexiquenses. Los reprimió con violencia y se armó la gorda, una verdadera revolución llamada “de los machetes”:

“Vicente Fox, presidente de México, anunció el 22 de octubre de 2001 que la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México serían terrenos agrícolas de la zona de Texcoco. Inmediatamente después ejidatarios de las poblaciones de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo iniciaron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio, oponiéndose al proyecto federal. Un operativo de la policía municipal de Texcoco y de la policía estatal del Estado de México intentó retirar a ocho vendedores de flores simpatizantes de la acera de la calle Fray Pedro de Gante fuera del mercado Belisario Domínguez de la cabecera municipal de Texcoco. Era la víspera de la fiesta de la Santa Cruz, en la cual se venden muchas flores para dichas celebraciones. Existía un operativo de reubicación de comercio informal fuera del mercado, bajo el cual se ampararon las autoridades para actuar e intentar retirarlo Dichos campesinos conformaron un frente e iniciaron movilizaciones que consiguieron apoyos sociales en la capital mexicana y otros estados. Se inició una oposición jurídica que incluso recibió el apoyo del jurista Ignacio Burgoa. En noviembre de 2001 marcharon hasta la residencia oficial de Los Pinos, en donde exigieron a Vicente Fox la realización de un debate público.

En los meses siguientes continuaron las movilizaciones hasta que el 11 de julio, en una protesta en un acto público se desató un enfrentamiento entre policías e integrantes del frente en el Santa Catarina en la autopista Acolman-Pirámides, dejando cientos de detenidos, entre ellos los líderes del frente, policías golpeados y funcionarios retenidos por los campesinos en demanda de la liberación de sus simpatizantes. El 14 de julio de 2002 fueron liberados todos los detenidos por los enfrentamientos. Pocos días después, el 24 de julio de 2002, falleció José Espinoza Juárez, un campesino que quedó rezagado y fue golpeado por policías”.

El 2 de agosto de 2002 la Presidencia de la República de México anunció la cancelación del proyecto. A partir de entonces, el FPDT constituyó un movimiento social que participaría en diversos movimientos sociales opositores al gobierno mexicano. Un operativo mal planeado para reubicar a los vendedores de flores terminó en una batalla campal entre los policías, los vecinos de Texcoco y Atenco. En respuesta a esos hechos, los ambulantes usaron sus machetes para repeler a la policía y se atrincheraron en la casa ubicada en Manuel González número 5, de donde fueron detenidas con violencia y destrucción del patrimonio 84 personas, allanando casas particulares. En respuesta el pueblo tomó como rehenes a cinco policías municipales, cinco estatales y dos policías ministeriales, dando como condición de liberación y de apertura del bloqueo la liberación de los 84 detenidos y la reinstalación de los vendedores municipales. El gobierno, ya encabezado por Enrique Peña Nieto, dio la orden de romper el bloqueo de la autopista con 200 agentes que fueron repelidos por los manifestantes con palos, piedras, machetes, cocteles molotov e incluso la amenaza de hacer estallar una pipa de gas. Reporteros y fotógrafos fueron golpeados por policías para evitar tomas de fotos y videos”. Los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca transmitieron de forma repetida las imágenes en donde los manifestantes golpearon a un policía antimotines en los testículos cuando ya se encontraba en el suelo. A la par de la repetición, conductores de estos medios exigían el arribo de más policías a Atenco para defender a los policías de los ataques de los manifestantes (reportero Miguel Aquino).

Por la noche el gobernador Peña Nieto declaró a la misma cadena televisiva que el asunto no estaba resuelto, pero que “estaba detenido el autor intelectual de estos hechos, Ignacio del Valle”. Los pobladores refuerzan el bloqueo de la autopista y toman el centro y el auditorio municipal de San Salvador Atenco —donde retenían a los funcionarios públicos—. Instalan barricadas y llaman a la población arrojando cohetones y tocando las campanas de la iglesia. En los principales medios de comunicación se hablaba ya de la recuperación del poblado al día siguiente y del rescate de los policías secuestrados. Para ello el gobernador Peña Nieto pidió ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la cual fue autorizada. El operativo fue diseñado por Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la ASE, quien observó en un sobrevuelo en helicóptero que la parte sur del pueblo no estaba reforzada por manifestantes, por lo que cinco grupos de policías, con la PFP como vanguardia, tomarían al día siguiente el poblado. El operativo fue aprobado por Peña Nieto (…)

Aministía internacional informó que en el operativo policial se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Más de 200 manifestantes, entre ellos 47 mujeres, fueron detenidas en una operación de la Policía Federal, Estatal y Municipal. En el curso de ella se hizo uso excesivo de la fuera y se torturó y maltrató a personas detenidas.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en su recomendación 2006/0038 en este operativo los servidores públicos que participaron en el operativo cometieron los siguientes hechos violatorios:

Detención arbitraria. Trato cruel, inhumano o degradante y lesiones. Allanamiento de morada. Retención ilegal. Incomunicación. Tortura. Violación a la libertad sexual mediante abuso sexual. Violación al derecho a la vida. Violación a los derechos de los menores. Violación a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica”.

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