CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2018.- La secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, aseguró que en el caso de corrupción que involucró a la empresa Odebrecht, no habrá impunidad por parte de la dependencia que ella encabeza, en materia administrativa.

Sostuvo que las investigaciones sobre los casos de la llamada Estafa Maestra, el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca y la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017, se han realizado de forma exhaustivas, sólidas y a fondo, para aclarar y sancionar las irregularidades encontradas.

Al comparecer ante las Comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupcion y la de vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, adelantó que ya se investiga el patrimonio de Emilio Lozoya, ex director de Pemex por el señalamiento en su contra de haber recibido más de 10 millones de dólares de sobornos de la empresa Odebrecht; así como a Rosario Robles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por presunto desvío de recursos que se revelaron en la llamada estafa maestra.

“Sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya, sin embargo, en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la ley, están en la etapa de aclaraciones por lo que respetando su derecho de defensa no puedo darles más información al momento, por otro lado, hay una gran cantidad de servidores públicos relacionados tanto con el Paso Express como con Odebrecht como con la Estafa Maestra dónde se está verificando el patrimonio de servidores públicos y van en distintas etapas dentro de este trámite”, detalló.

La funcionaria federal sostuvo que la SFP trabajará hasta el último minuto para aclarar lo que le compete sobre estos casos.

Sin embargo, fue criticada por las sanciones impuestas en caso Odebrecht, pues los legisladores señalaron la falta de castigo al supuestamente principal involucrado, Emilio Lozoya Austin y otros funcionarios, a lo que la Gómez refirió que a la Secretaría sólo corresponde el tema administrativo, y que tocará al Ministerio Público, esclarecer lo demás.

“No podemos decir que, la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso, al contrario, la SFP es el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo reparatorio. La sanción económica impuesta contra las empresas filiales de la constructora es una sanción histórica. Es la sanción más alta que ha puesto la Secretaría de la Función Pública”, apuntó.

Más información aquí.