Seguridad: el papel de los municipios

Frente a la crisis de violencia y alta criminalidad en el país las políticas de  seguridad ciudadana deben replantearse iniciando desde el ámbito municipal. Es en los municipios donde está la génesis del problema o parte de la solución.

Hasta ahora, salvo algunas contadas excepciones, las administraciones municipales eluden su responsabilidad en el tema de la seguridad y endosan el tema por completo a los gobiernos estatales y al federal. Esta postura no sólo es resultado de su negligencia y falta de compromiso social de los Alcaldes, sino producto también de complicidades con la delincuencia y una enraizada corrupción.

Es necesario precisar los alcances de la política de seguridad municipal y la competencia de los gobiernos locales para llevarla adelante y así poder construir un sistema de seguridad que mejore las condiciones de eficacia de esa política.

En primer término, hay que plantear la vocación de la política de seguridad. Lo que nos obliga necesariamente a conocer con mayor profundidad las condiciones reales, las acciones de coordinación y no solo documentar los índices que muestran la estadística de los actos delictivos cometidos. La información requerida para el planteamiento, desarrollo y ejecución de la política pública y su gestión en esta materia requiere de información sobre los fenómenos sociales y no solo la cifra, roja o negra. Con esta combinación podremos superar la emocionalidad o la intuición que, generalmente, derivan en fragilidad o improvisación e irremediablemente en el fracaso de las administraciones y erosión del muy comentado, tejido social.

El análisis de los fenómenos de la conflictividad, la violencia y el delito reclaman aún grandes trabajos de normalización y sistematización de la información y es necesario atender a los modos de conexión entre institutos ciudadanos y las dependencias que tradicionalmente han desarrollado el trabajo estadístico en los municipios o entidades.

No obstante, en nuestro país, la idea de que la participación de los municipios es insoslayable en esas políticas, todavía no ha adquirido la centralidad que debiera para el futuro de toda política de seguridad. La toma de conciencia del impacto localizado y municipal de las políticas de seguridad se fue dando progresivamente en los últimos años.

¿Cómo ha ido madurando o derivando la relación del ciudadano y su municipio con relación a la seguridad? En una primera etapa, los gobernantes municipales tomaron nota del malestar ciudadano, difuso o alrededor de algún caso concreto, y trataron de sumarse a los reclamos, buscando convertirse en un canal hacia las autoridades estatales o federales, únicas responsables, en su muy particular o cómoda visión, de los problemas de seguridad.

Este modo de encarar el problema duró bastante poco, dado que el malestar ciudadano que al no obtener respuestas concretas comenzó a considerar, aunque todavía de un modo poco definido, a los propios gobernantes locales como parte del problema de ineficacia.

En una segunda etapa, los propios Alcaldes comenzaron a darse cuenta de que debían proveer de algunas soluciones, para no quedar atrapados en las quejas generalizadas. Comienza la etapa de cooperación entre los municipios y, en particular, las fuerzas policiales, ya sea aportando dinero para la compra de gasolinas, equipamiento o cediendo puestos de mando.

En esta etapa, los municipios quedaron atrapados en un tipo de gasto improductivo e ineficiente. De un modo u otro, el municipio quedó involucrado en el desarrollo de la política de seguridad, ahora vista como una política con gran influencia sobre la calidad de vida de los vecinos.

Así llegamos a la situación actual, en la que algunos alcaldes y alcaldesas consideran que si no aumentan su participación en el diseño y ejecución de la política de seguridad que afecta a sus municipios y, en particular, no aumentan sus facultades de coordinación y control sobre las instituciones actuantes en sus territorios, los principales costos del malestar ciudadano también se pagarán al nivel de la política local, dicho de otra manera, con la rentabilidad electoral y el desprestigio de sus gestiones.

Estamos, pues, al inicio de una nueva época donde esta necesidad social y política debe ser orientada, en términos de clarificar y definir cuáles son las herramientas con que cuenta un gobierno local para desarrollar este nuevo tipo de política y cómo logra potenciar su principal activo, que es el conocimiento local sobre la conflictividad y la violencia.

Es en este contexto de desarrollo institucional en el que comienza a perfilarse la idea misma de una política de seguridad municipal. Nadie duda de que la Federación tiene competencias específicas vinculadas a los delitos federales, que deben ser prevenidos, investigados y castigados (narcotráfico, trata de personas, delitos financieros y económicos, etc.); tampoco hay duda de que los Estados tienen a su cargo tareas similares respecto de los delitos comunes previstos en el Código Penal (homicidios, violaciones, defraudación, robos, etc.), pero aquí la relación con los municipios comienza a ser mucho más cercana que en el caso de lo estrictamente federal, donde también pueden hallarse lazos.

Finalmente, queda un componente de competencias específicamente municipales, que también requieren una reconfiguración conceptual y política. Hablemos de la verdadera prevención del delito en sus orígenes, cuando aún no se le concibe. En la dimensión de criminalidad y en el terreno de uno de los delitos más lucrativo del mundo: la trata de personas, el municipio es sede de los puntos conocidos como giros negros y es precisamente el municipio el encargado del otorgamiento de licencias de los funcionamiento. Ahí empieza a el delito que habrá de escalar y rebasar fronteras.

En la segunda dimensión de la seguridad, el conflicto. Las tareas de tránsito y movilidad son los canales que la población emplea para desplazarse entre actividades y resulta importante destacar que, es precisamente ahí cuando se tiende a plantear la pertinencia y la eficiencia de la gestión municipal. El ciudadano estima calidad de obra pública, alumbrado y saneamiento, transporte, inversión, urbanismo. Vaya, es justo el momento de la evaluación, pero, el roce constante con otros ciudadanos genera conflicto del cual se puede migrar a la violencia incluso sin pasar por el delito.

La municipalidad puede y debe hacer presencia con las policías preventiva y vial y otras herramientas para evitar y agilizar esos estados de conflicto. Parece sencillo pero es una tarea de mantenimiento social vital para la convivencia y si lo proyectamos, para el éxito o fracaso de administraciones. Una política de seguridad ciudadana eficaz e inteligente será, sin duda, la conjunción de estas relaciones intergubernamentales.