Seguridad, recuperar los territorios

Es una falsa disyuntiva plantear pacificación o recuperación del control territorial. Ambas deben ponerse en práctica para reconstruir el Estado de Derecho y mejorar sensiblemente la seguridad ciudadana.

Una verdadera estrategia integral de seguridad debe perseguir, como parte de sus acciones, recuperar el control territorial en varias regiones del país, donde grupos de la delincuencia organizada se han constituido en un supra poder que ha sembrado el terror en la población, sometiendo a comunidades y municipios enteros.

Esos criminales no buscan del Estado mexicano perdón ni amnistía, no les interesa, al contrario lo enfrentan de manera violenta y sin tregua, colocando de rehén a la sociedad que sufre las consecuencias de su dominio y hegemonía.

No se trata de redentores sociales o de inconformes políticos, son empresas criminales que arrebatan el dinero y el patrimonio de la gente para sus fines aviesos, por medio de la violencia y métodos sanguinarios e inhumanos. El Estado los debe enfrentar con inteligencia y contundencia, sin embargo el abandono gubernamental y el contubernio con ellos, los ha empoderado cada vez más.

Estos grupos delincuenciales buscan cooptar o seguir cooptando a autoridades de los diferentes niveles de gobierno, a policías, jueces y ministerios públicos para que faciliten su actuación ilícita. Son pocos quienes los enfrentan con valor civil y decisión y logran éxito en sus acciones.

A quien no se subordina a sus intereses criminales, no acepta sobornos o complicidades, lo amenazan, lo agreden o incluso lo asesinan. Hay decenas de homicidios de candidatos, políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes sociales que permanecen en la impunidad.

Lo mismo acontece en las disputas por el territorio entre bandas o grupos rivales. Son enfrentamientos sumamente violentos, donde el aniquilamiento del rival es la constante. Con base en la superioridad de su fuerza y en el terror, aprovechando los vacíos de autoridad y su capacidad de corromper a gobiernos han logrado imponer su dominio criminal.

En Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, por mencionar algunas entidades del país, los grupos delincuenciales se han apoderado de regiones enteras, de sus caminos, de las carreteras, de las entradas y salidas de las ciudades. No solo controlan la producción, la comercialización y el trasiego de drogas, sino que se dedican a la extorsión (cobro de piso), al secuestro, al asesinato, a la trata, a la desaparición forzada, a arrebatar propiedades y a determinar quien habrá de gobernar un ayuntamiento.

Su actuación ha convertido la vida en esas regiones en un auténtico infierno, donde muchos se han desplazado forzadamente de sus lugares, otros se han sometido con resignación a ese control criminal, e incluso hay quienes han reconocido su maligno poderío y buscan su aquiescencia, con el consecuente “pago por protección”, para poder abrir un negocio, hacer política o movilizarse con libertad en los caminos y carreteras.

Otros más recurren a “sus servicios” para cobrar una deuda, para hostigar a su competencia o “quitarse del camino” a un adversario económico o político.

Es evidente que este perverso control territorial ha generado una dualidad por un lado el temor y la impotencia social, miles de víctimas y desaparecidos; y por otra parte, una base social que se ha acostumbrado a su yugo, ante el vacío de autoridad y la falta de fuerza pública, e incluso hay quienes, en una transmutación de valores, los ven como benefactores.

La ruptura del Estado de Derecho y el control criminal en territorios es uno de los saldos más graves de la inseguridad que vivimos. Urge recuperar la vida en comunidad, el libre tránsito, la libertad económica y de comercio, en síntesis, la seguridad sobre vidas y patrimonios.

Para que ello sea posible se requiere un fuerte despliegue de elementos policíacos y militares, en cantidad y con preparación suficientes que superen a los criminales; se requiere una genuina inteligencia táctica para prever sus movimientos y acciones. Estas fuerzas deben asentarse en los territorios y no solamente realizar incursiones efímeras, que no modifican el Estado de cosas.

Para tal efecto, el gobierno federal en coordinación con los estados debe destinar los recursos suficientes y los mejores elementos posibles, dado que las policías municipales en su mayoría son inoperantes o sirven a la delincuencia.

Una vez recuperado el territorio, o cuando haya avances importantes en ese aspecto, se debe proceder a instrumentar con decisión políticas sociales y de inclusión para los jóvenes, y a desarrollar medidas de pacificación y formación de valores. Antes que nada, se debe recuperar el territorio y el imperio de la Ley. De otra manera no se avanzará sustancialmente en la seguridad, y seguirá habiendo lugares donde la delincuencia se ha apoderado de partes significativas de la República.