Tierra e igualdad: por el reconocimiento de derechos agrarios de mujeres

ACAPULCO, Gro., 28 de octubre de 2021.- Las palabras “tierra e igualdad” forman parte de un mural que mujeres de Cerro Chivo, localidad del municipio Santa María Huazolotitlán, Oaxaca plasmaron como parte de la lucha por el derecho agrario. 

“Lo que no se conoce es difícil exigirlo”, afirma Juliana Acevedo Ávila, ejidataria, defensora e integrante de la colectiva Organización para el Fomento de la Equidad de Género y Respeto de los Derechos Humanos Negros Afromexicanos.

En 2018, en México, vivían 28.9 millones de personas en localidades con menos de 2 mil 500 personas, donde al menos 50.8 por ciento eran mujeres, pero sólo tres de cada 10 personas ejidatarias o comuneras eran mujeres, detalla el boletín estadístico: Desigualdad en cifras. Las mujeres y el acceso a la tierra del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

“El derecho a la tierra es importante como una forma de no someter a las mujeres a estar bajo el dominio o, en dado caso de que no funcione el matrimonio, no ser dependientes del esposo. Tener patrimonio propio les da la libertad para avanzar y desarrollarse”, explica Juliana Acevedo.

Ciudad de México, Baja California, Guerrero y Sonora son las cuatro entidades donde la proporción de propiedad en manos de mujeres se encuentra por arriba de 30 por ciento; mientras que en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, las mujeres poseen menos de 20 por ciento de las tierras ejidales y comunales, según el boletín estadístico.

“El derecho agrario todavía es un pendiente. La posesión y el acceso a la tierra es importante porque es el espacio en donde se reproduce la cultura, la vida y es un espacio que las mujeres trabajan, cuidan y defienden, pero en el ejercicio del derecho están ausentes y entonces quienes toman las decisiones sobre este bien colectivo son los hombres”, añade Anabel López Sánchez, directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política de las Mujeres del Inmujeres. 

La  ejidataria, defensora y activista, Juliana Acevedo, es originaria de la localidad José María Morelos en el municipio Santa María Huazolotitlán. Tiene el cargo de suplente del presidente del Comisariado; pero aun cuando hay presencia de mujeres, ellas siguen estando excluidas de los puestos de toma de decisiones. 

“​​Tener un título de ejidataria o comunera provee la oportunidad de presidir a los órganos que rigen las decisiones de organización que se toman sobre la tierra. Sin embargo, de los 14.6 mil ejidos y comunidades con órganos de representantes sólo 7.4% fue presidido por una mujer en 2019”, dice el boletín estadístico.

El número de ejidatarias ha crecido sólo por el fallecimiento de sus esposos, más no por herencia de los padres. El caso de Juliana Acevedo fue una excepción, pues en vida su papá le cedió sus derechos. “Esto no es una constante. Las mujeres seguimos enfrentando retos para acceder a ese derecho, prevalecen las resistencias. Aún cuando se nos escucha en las asambleas, no se nos toma en cuenta”, expresa Acevedo.

Luz María Andrade Calderón, consultora del Inmujeres en temas agrarios, indica que en el campo hay mujeres que participan en asambleas o que trabajan una parcela, pero no cuentan con la titularidad de la tierra. Recapitula que en 1921 la Ley Agraria reconocía a las mujeres con capacidad para tener tierras; para 1940, antes de que en México las mujeres tuvieran acceso al voto, se establecía que podían presidir los comisariados o consejos de vigilancia.  

“La cuestión no es la ley sino la implementación y la estructura patriarcal que tenemos en donde se da mayor preferencia al hombre y a las mujeres no se le mira como una persona que puede tomar decisiones”, considera. 

¿Cómo lograr que las mujeres puedan poseer tierras?

Para Anabel López Sánchez hay cuatro limitantes importantes para la equidad en la posesión de la tierra, la primera es la misma Ley Agraria. La reforma en 1992 profundizó más la brecha pues pasó de ser un bien familiar a individual “y en ese tránsito el derecho a la tierra básicamente le quedó a los hombres y a las mujeres sólo si pueden comprarla”.

La segunda limitante es que ya no hay tierra para repartir; la tercera, las prácticas culturales que vinculan el derecho directamente a los hombres por mantener el estereotipo de proveedor; y la cuarta el exceso de trámites administrativos.

“Si cruzamos estas cuatro vertientes encontraremos una serie de limitantes que impiden a las mujeres el derecho a la tierra”, señala la directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política de las Mujeres del Inmujeres.

En 2020, el Inmujeres junto con la Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tejieron la estrategia “Mujeres por el acceso a la tierra, jornada de justicia itinerante” como proyecto piloto con el que buscan disminuir la brecha de desigualdad de género, prioritariamente en núcleos de alta y muy alta marginación con población indígena.

“Gran parte de ellas, si bien trabajan y participan en la producción, no cuentan con el reconocimiento legítimo que lo acredite, incluso en los casos donde son esposas o concubinas de ejidatarios o comuneros que han fallecido y donde no existe un testamento agrario, y que de acuerdo con lo establecido en la Ley Agraria les correspondería heredar en orden de preferencia, los derechos no se les transfieren”, menciona un boletín sobre el estudio “Mujeres por el acceso a la tierra. Aproximaciones a los retos que enfrentan en el ejercicio pleno de sus derechos agrarios”.

La estrategia Mujeres por el acceso a la tierra consiste en el acompañamiento jurídico y económico, en juicios sucesorios testamentarios a favor de las mujeres, explica Yolanda Beatriz Vera Castillo, directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural en la PA y enlace de Género ante Sedatu.

La ley señala que hay un orden de preferencia en donde en primer lugar corresponde el derecho a la esposa o concubina. “Si ese trámite lo tuviera que hacer cada mujer en lo individual implicaría meses o hasta años, desgaste personal y de recursos económicos porque se trata de poblaciones alejadas de los Tribunales Agrarios ubicados en las ciudades capitales”, expresa.

Por eso, el programa inicia desde la sensibilización en los núcleos agrarios para la detección y listado de casos. Después sigue la integración de expedientes que los visitadores agrarios turnan a los abogados de la PA para hacer las demandas. 

Uno de los requisitos básicos que pide el Tribunal Agrario es la constancia de derechos que expide el Registro Agrario Nacional (RAN). Integrado el expediente, el tribunal elabora los documentos para los juicios en las localidades. Finalmente, las sentencias quedan inscritas ante el RAN para la posterior emisión de certificados a nombre de las nuevas titulares.

Vera Castillo refiere que en 2020 fueron presentados 792 juicios que equivalen al número de nuevas comuneras y ejidatarias en el país. Estima que al finalizar el sexenio en total sean 5 mil. 

“La realidad es que apenas sería un poco de la diferencia abismal que existe, se requieren de más acciones y de más recursos (…) Hay mucho que hacer en ese tema, es un tema muy abandonado, en mi opinión no le ha interesado a mucha gente pese a que más de 52% del territorio nacional son ejidos y comunidades en donde se concentra toda la vegetación, biodiversidad, minas, y son las mujeres las que en su mayoría se preocupan por conservarlo”, afirma la funcionaria.

Otro eje de la estrategia es sobre la organización agraria, el cual se enfoca en los reglamentos internos de los ejidos y en los estatutos comunales para la presencia de mujeres y hombres en los órganos de representación y vigilancia para la toma de decisiones.

“Cuando una mujer es representante de un comisariado ejidal o de bienes comunales, las cosas se hacen diferente, la visión es distinta y hay otros resultados”, subraya Vera Castillo.