TLAPA, Gro., 6 de octubre de 2018.- El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que no criminalice la lucha social y que no se persiga a los defensores de derechos durante su gobierno.

En la presentación del informe anual de Tlachinollan, en el 24 aniversario del organismo, Barrera Hernández también insistió en pedir a la nueva administración federal que cumpla con su compromiso de acatar la resolución del poder judicial, que mandata a crear una comisión investigadora de la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un elocuente mensaje, Barrera Hernández destacó que los indígenas, los campesinos y los defensores de derechos humanos se han enfrentado una “macrocriminalidad enquistada en las estructuras de poder”, e hizo un recuento de los casos más emblemáticos.

Hizo referencia a la lucha del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña, que pide la reconstrucción de sus comunidades desde las lluvias atípicas de la tormenta Ingrid en 2014, y cuyos integrantes fueron objeto de engaños por parte del gobierno federal.

Denunció que en ese caso, la secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, enfrentó a Tlachinollan por defender al Consejo, luego de que las empresas encargadas de la reconstrucción, no cumplieron.

Señaló que fueron empresas contratadas por el gobierno federal, provenientes del estado de México y de Hidalgo, de donde son originarios el presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Así se benefician los funcionarios de los indígenas, creando empresas”, acusó.

En el recuento de los casos defendidos por Tlachinollan, Barrera Hernández destacó el acompañamiento a los padres de los 43 normalistas desaparecidos; el de Valentina Rosendo, la indígena volada por dos soldados del Ejército; el de los dirigentes presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); el de los desaparecidos por la guerra del crimen organizado; y el de los feminicidios que, subrayó, han ido en aumento en la región de La Montaña, como en todo el estado.

Hizo mención especial a la defensa del territorio que encabezan comunidades de esta y otras regiones del estado, frente a las empresas dedicadas a la explotación minera, en particular del pueblo Juba Wajjin, habitado por indígenas me’phaa.

Asistieron a la presentación del informe los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; el senador Emilio Álvarez Icaza; familiares del asesinado luchador social Ranferi Hernández Acevedo; la viuda de líder del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares; representantes de la ONU y de la CNDH; y decenas de habitantes de comunidades indígenas.

Al finalizar el acto se llevó a cabo una marcha por las calles de esta ciudad, que llegó hasta el Palacio Municipal donde concluyó con un mitin.

Por la mañana, el obispo Dagoberto Sosa Arriaga celebró una emotiva misa por el 24 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.