ACAPULCO, Gro., 22 de octubre de 2021.- El conflicto armado en Colombia, cuya primera etapa se remonta a 1958, ha dejado graves consecuencias en la sociedad, pero no es hasta 1996 cuando gracias la Ruta Pacífica de las Mujeres se comienza a dar respuesta a la situación de violencia que vivían en las zonas de conflicto, tanto rurales como urbanas.

Marina Gallego, coordinadora nacional del movimiento feminista que cumple 25 años este 2021 y aglutina a unas 300 organizaciones en 18 departamentos colombianos, cuenta en entrevista que después de décadas de conflicto fue esta organización la que comenzó a hacerse preguntas sobre la problemática específica de las mujeres en un contexto tan violento: “¿Qué impactos estaba teniendo en la vida de las mujeres y su cotidianidad lo que pasa después de los hechos violentos que tiene la guerra? ¿Cuál es la vida, el destino que les queda? Nada de esto estaba siendo suficientemente investigado ni expuesto”, dice.

En 2009 surgió la Comisión de Verdad y Memoria de las Mujeres Colombianas, un ejercicio de la Ruta Pacífica de las Mujeres que tuvo como objetivo la recolección de testimonios para la reconstrucción de una memoria desde sus voces y mirada. “No les estábamos prometiendo nada, sino solamente que pudiera plasmarse en algún documento público la situación por la que las mujeres han atravesado en esta larga guerra”, menciona Gallego.

En ese entonces todavía no existían posibilidades de acuerdos con ningún actor del conflicto en el país. Tampoco se había creado una ley para atender y brindar reparación a las víctimas. Fue por ello que las mujeres de la Ruta Pacífica pensaron que, si no era posible una reparación material, por lo menos tenía que haber una simbólica. Y crearon la Comisión. 

“A las mujeres les decíamos: ‘Quizá no haya negociación, pero nosotras tenemos el deber de dejar estos documentos, que queden las historias, porque de aquí a 20 años es posible que hasta se niegue que pasó”, recuerda Marina Gallego.

La Comisión logró documentar las violencias estructurales contra las mujeres en relación con el conflicto armado. “Finalmente los actos que hacen los actores armados son un continuo de los que hacen los hombres en las casas, en la vida privada: el control, el sometimiento, el confinamiento, la violencia psicológica, física, sexual, todo eso pasa en la vida cotidiana, privada de las mujeres. Vincularlo con el conflicto armado fue algo que ayudó a que ellas pudieran hablar más. Con más confianza”, considera Gallego.

Ahora que existe la Ley 1448 para la atención a víctimas y después de la discusión y firma de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el reto continúa siendo que las mujeres realmente sean consideradas en su implementación. El trabajo de la Comisión y la Ruta Pacífica de las Mujeres se convirtió en un referente a la hora de abordar la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de verdad, justicia y reparación o lo que se conoce como justicia transicional.

Hacia una posible justicia transicional en México

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) dice que este tipo de justicia emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas de países que han vivido periodos de conflicto y represión y atrocidades masivas o abusos sistemáticos.  Se trata de una política basada en derechos humanos como el reconocimiento de la dignidad, la reparación del daño y el objetivo de impedir que se repita. Además, entre sus objetivos complementarios está que las mujeres participen en la búsqueda de una sociedad más justa. 

Los objetivos de la justicia transicional cambian en cada situación y país, aunque sus rasgos —el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.

El ICTJ explica que entre los objetivos complementarios de la justicia transicional figuran, por ejemplo, crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas; posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos; conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa. Respetar el Estado de derecho, facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.

Pero la magnitud de los abusos y la fragilidad social conllevan a que no todas las violaciones de derechos se aborden como se haría en otras circunstancias. Normalmente, se insiste en cuatro tipos de enfoques o elementos que conforman este tipo de justicia. El primero son los procesos penales, por lo menos contra los principales responsables de los crímenes más graves.

Luego están los procesos de esclarecimiento de la verdad (o investigaciones) sobre las violaciones de derechos por parte de órganos no judiciales. “Son iniciativas diversas, pero suelen centrarse no sólo en los acontecimientos, sino en sus causas y consecuencias”, explica el ICTJ.

También están las reparaciones individuales, colectivas, materiales y simbólicas en caso de violaciones de derechos humanos; y por último las reformas jurídicas e institucionales sobre la policía, la justicia, el ejército y los servicios de información militar.

Estos enfoques no deben considerarse mutuamente excluyentes. Por ejemplo, las comisiones de la verdad no sustituyen a los procesos judiciales. Igualmente, las reformas constitucionales, jurídicas e institucionales no excluyen otras medidas, sino que apuntan directamente a la recuperación de la confianza y a la prevención de nuevos abusos.

También es importante aportar innovación y creatividad a esos enfoques, según apunta el ICTJ.

Explorar más el entendimiento con las víctimas 

En el caso de México, una herida abierta es el tema de la desapariciones, las cuales suman más de 90 mil personas, según cifras actualizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Una víctima indirecta de una desaparición es muy distinta a si es mujer o un hombre. Porque en la mujer recaen labores de cuidado”, explica Renata Demichelis, coordinadora de la Oficina en México de Elementa DDHH, una organización que trabaja también en Colombia.

Aunque en México las cifras oficiales de personas desaparecidas indican que los hombres son la mayoría de las víctimas directas, las mujeres suelen ser las víctimas indirectas y quienes históricamente se han organizado y movilizado para buscar a las y los desaparecidos, de acuerdo con el informe Nos llaman las locas de las palas. El papel de las mujeres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Demichelis agrega que en el caso mexicano hay que considerar la diversidad de las exigencias y explorar más el entendimiento de las víctimas, lo que podría significar para ellas una justicia transicional que las incluya. “La expectativa de la inclusión de la perspectiva de género en estos procesos de verdad, justicia y reparación ha caído un poco en el error de asumir que todas las mujeres, uno, van a participar de la misma manera; y, dos, esperan lo mismo de estos procesos”, dice Demichelis.

Desde su campaña en 2018, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,  propuso la amnistía como una de las vías para la pacificación del país. Es mencionada en el Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual indica que “resulta imperativo hacer un alto para considerar adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, proponiéndoles un cambio de vida”.

También el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) menciona que “se revisarán los expedientes de acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”. Y el Programa Nacional de Derechos Humanos (2019-2024) indica que es necesario reconocer la deuda que tiene el Estado con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sobre todo “la construcción de paz y garantía de los derechos a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

En México ya se han creado la Comisión para la Verdad  y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense o la reciente Comisión por el Acceso a la Verdad enfocada en las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el periodo conocido como la Guerra Sucia.

Pero “por otro lado tienes el abandono de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que es el principal mecanismo para poder dar atención a las miles de víctimas que se siguen acumulando en nuestro país”, opina Daniela Malpica, fundadora de la organización Justicia Transicional MX. Desde junio de 2020 la CEAV, institución creada para atender a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos en el país, se quedó sin titular. 

“El presidente de la República nunca se comprometió a un proceso de justicia transicional, fue realmente el equipo de transición. Posteriormente, por más que esté plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo o en la estrategia de paz y seguridad, no ha habido un seguimiento formal a este”, agrega Malpica.

La académica Giulia Marchese, integrante del grupo de investigación-acción Documenta desde abajo, ha trabajado en el registro del impacto de la violencia con mujeres defensoras y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

“El gobierno actual ha puesto mucho énfasis en la necesidad de una justicia transicional porque lo que esta plantea es la existencia de un antes y un después, un quiebre entre una situación anterior y una posterior, en el cual este gobierno se posiciona como el que está haciendo la transición, la transformación, como les gusta llamarlo”, dice Marchese.

Pero, mientras no se entienda de manera profunda el contexto de las violencias, añade Marchese, no se puede iniciar un proceso de justicia transicional: “Sin haber entendido la injusticia, sin haber entendido la violencia que ha ocurrido, no hay forma de que también entendamos cómo revertirla, cómo transformarla”. Por ello considera prioritaria la participación de las víctimas en la creación de estos mecanismos para comprender qué esperan de una transición o transformación o qué considerarían justicia la diversidad de víctimas.

En el caso de las mujeres, Marchese señala que no solamente hay que ver los contextos de violencia distintos, sino que incluso tienen diferentes maneras de nombrarla o cómo para ellas no se trata de algo individual o personal, sino que la dimensión comunitaria y social es fundamental.

“Hay mujeres que no ubican al Estado como un actor fundamental en su proceso de justicia y ese también es un gran desafío porque la justicia transicional viene del Estado (…) El enfoque principal que ellas ponen al hablar de justicia es ‘Ya no queremos tener al Estado como referente porque sabemos que ahí es nada más una fuente de revictimización. Lo que queremos es que podamos fortalecernos entre nosotras’… Las mismas mujeres ponen en tensión este paradigma”, plantea la académica.

En la reflexión del camino recorrido en Colombia con respecto a la participación de las mujeres en procesos de justicia transicional y lo que puede llegar a ser ejemplo para el caso mexicano, Paula Aguirre, coordinadora de Elementa DDHH en ese país, señala la necesidad de atender a los propios contextos. “Esto necesitaría obviamente empezar por un reconocimiento de qué es el enfoque de género, qué necesitamos con esto, qué perspectiva queremos incluir, qué actores queremos incluir y que esto se vaya dando sobre la marcha, pero desde el inicio que se explore en la necesidad de medidas de justicia transicional”.

La verdad, memoria y justicia transicional y restaurativa deben considerarse desde la perspectiva de las víctimas y no de los actores políticos. Y el principio de la justicia transicional debe incluir la participación de las mujeres para lograr la perspectiva de género, camino en el cual ya avanzó Colombia, pero en México apenas se comienza a transitar.

Mujeres líderes de organizaciones de derechos humanos solicitan audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: Daniel Cima. Licencia CC
Un objetivo de la justicia transicional es que mujeres y grupos marginados participen en buscar una sociedad más justa. Foto: Dzilam Méndez
Conmemoración de los siete años de Ayotzinapa. Foto: CIDH. Licencia CC
María Paula Saffon de “Documenta desde abajo” en un taller en Sinaloa sobre violencias desde un enfoque feminista. Foto: Giulia Marchese
Se debe considerar la diversidad de las exigencias de las víctimas y qué significa para ellas una justicia transicional que las incluya. Foto: Ariel Silva