ACAPULCO, Gro., 7 de marzo de 2020.- Las organizaciones Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C., y OBVIO Guerrero, A.C., urgieron al gobierno del estado que declare de manera inmediata la alerta de violencia de género (DAVG) por agravio comparado para garantizar la vida, integridad y seguridad de las mujeres guerrerenses.

En un comunicado, las organizaciones expresaron su preocupación pues, a un año de haber hecho la misma solicitud, el contexto de violencia en contra de mujeres y niñas guerrerenses sigue siendo grave “pues no se garantiza el acceso a servicios especializados de salud que incluyen la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación”.

“Un caso paradigmático es el de la niña Esmeralda, de 14 años de edad con discapacidad intelectual, quien quedó embarazada víctima de una violación. La niña fue atendida en el Hospital Donato Alarcón, sin embargo, no se le garantizó la ILE, a pesar del riesgo que corría su vida. La hija de Esmeralda murío al nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Tenía 27 semanas de gestación, midió 37 centímetros y pesó un kilo 185 gramos”, citaron como ejemplo.

Denunciaron que el sistema de salud de Guerrero no garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación, a pesar de la vigencia de la NOM 046 para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual, además de que continúa la falta de capacitación y resistencia de los prestadores de servicios de salud, como el secretario Carlos de la Peña Pintos, a quien propusieron “que emitiera una circular (la cual incluso se le presentó redactada para que sólo fuera firmada) para garantizar la implementación de la NOM 046 y el acceso al ILE, que diera certeza jurídica a los prestadores de servicios de salud. Su repuesta fue que ‘En Guerrero no se hacen abortos si no vienen con denuncia’”.

Señalaron que en 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 345 denuncias por violación, es decir que al menos una mujer fue violada cada día durante el año.

Mientras que en octubre de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reportó que en México, 11 mil niñas menores de 14 años que fueron víctimas de violación, fueron obligadas a parir, siendo los principales agresores sus padres, abuelos, tíos, primos y hermanos. “Durante ese año se realizaron 29 interrupciones de embarazo de mujeres violadas, nueve fueron de niñas entre 13 y 17 años”, agregaron.

Afirmaron que denunciaron esta situación en la solicitud de DAVG que presentaron el 8 de marzo de 2019 y que posteriormente, el 30 de mayo de ese año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) notificó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a la Fiscalía General del Estado, las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo en el Informe de Alerta de Violencia de Género para  Guerrero por Agravio Comparado, en el que se concluyó que en la entidad “hay un contexto de discriminación, debido al marco jurídico y a la política pública vigentes en materia de Salud Sexual y Reproductiva que transgreden los Derechos Humanos de las mujeres”.

Entre las recomendaciones estaba revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal del estado, por lo que se pidió al poder Ejecutivo coadyuvar con el Legislativo para hacer efectiva la propuesta de reforma planteada.

También se  recomendó a la Secretaría de Salud estatal fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el estado de Guerrero y extender la cobertura de los servicios de salud que puedan realizar interrupciones del embarazo, procurando la gestión de acuerdos interinstitucionales para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de ILE, así como la realización de programas de capacitación en la aplicación de la NOM-046, desde el marco de los derechos humanos, con un enfoque de género, diferencial, especializado e intercultural, dirigido a las y los prestadores de servicios de salud, en particular, en los servicios de urgencias y de ginecología y obstetricia.

“Sin embargo, hasta la fecha desconocemos las acciones que el gobierno ha realizado para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo”, apuntaron.

Además desconocer si el estado “rindió el informe sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y si dicho informe fue remitido al Grupo para su análisis y determinación de la declaratoria de alerta de violencia de género”.

También acusaron que “la Conavim no ha garantizado realizar las acciones de coordinación a nivel estatal y federal para revertir este contexto de violencia”, lo que “pone en riesgo a las mujeres y niñas en el estado de Guerrero”.